La incorporación de los consejos comunales u otras formas de organización popular, así como la extensión de los lapsos procesales violan el derecho constitucional a la protección especializada que deben tener los y las adolescentes en conflictos con la ley penal, así como, el principio de concentración en los procesos judiciales para los y las adolescentes sometidos al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.