Siete deudas del Estado Venezolano con la Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en el 31° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
La Convención sobre los derechos del Niño (CDN) cumple 31 años de vigencia este 2020, convirtiéndose en el instrumento internacional de derechos humanos más firmado y ratificado por los Estados. A pesar de que Venezuela es firmante y la ratificó, haciendo cambios legislativos y administrativos nacionales para su cumplimiento, esta no se ha materializado en la vida de los NNA venezolanos, especialmente lo contenido en los artículos 4, 6, 19, 24, 27, 28, 29, 37 y 40, que exigen a los Estados garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, vida digna, salud de la más alta calidad, educación, justicia y protección frente a malos tratos, negligencia, explotación y abuso sexual, tratos inhumanos, degradantes y torturas.
Los datos recabados a partir de la revisión periódica de medios de comunicación, muestran la deuda gigantesca que tiene el Estado venezolano con la infancia, y habla de lo difícil que es ser NNA en el país con una Emergencia Humanitaria Compleja, en la que todos los sistemas públicos han colapsado. A partir de 1.020 noticias analizadas entre abril y septiembre de 2020, se reportan diversas afectaciones a los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela que aquí hemos concentrado en siete temas. Son siete deudas que las autoridades del país deben empezar a saldar perentoriamente.
- Convención que desfallece
El derecho a la salud
y a estar bien alimentado
reducir mortalidad
eso está bien expresado
Convención para Cantar. Luisa Pernalete 2020
En el artículo 24 de la CDN se exige a los Estados garantizar la salud y la atención médica de calidad a niños, niñas y adolescentes (NNA). En Venezuela, el palpable deterioro de la infraestructura hospitalaria, con cierre de servicios, falta de dotación, personal especializado y constante falla en los servicios básicos, obligan a familias, incluyendo mujeres gestantes, a emprender largos e indignos recorridos por distintos centros asistenciales, arriesgando su integridad física y su vida. Este contexto causó que entre abril y septiembre de 2020 se reportase la muerte de 35 NNA, entre ellos 13 que padecían cáncer, así como de 2 embarazadas y sus hijos recién nacidos. Así mismo, al menos 5 bebés nacieron en la calle al negarse a sus madres la atención en el momento del parto.
En lo referente a vacunación, en mayo se registró la muerte de 1 bebé de 11 meses quien presentó fuerte reacción adversa a la vacuna recibida en un operativo, sin que se conozcan aún los detalles de su deceso. En el mismo evento otros 23 bebés fueron intoxicados.
Hasta septiembre, 1.790 personas han enfermado y 290 han muerto por difteria en el país. La OPS informa que hay 54 casos sospechosos entre los grupos etarios de 2 a 14 años de edad. En abril se confirmaron 7.384 casos de paludismo en Bolívar.
En mayo, 18,55% de casos confirmados de COVID-19 era de NNA, con dos fallecimientos. Al 30 de septiembre se reportaron oficialmente 75.122 casos sin indicar edad de contagiados y fallecidos. NNA con condiciones crónicas como hemofilia, VIH o con necesidad de trasplantes, no reciben la asistencia especializada que su condición requiere. Similarmente, comunidades indígenas denuncian que niñas y niños mueren sin recibir ninguna atención durante la pandemia.
Desde agosto, un derrame de 4 kilómetros de hidrocarburos desde la refinería de PDVSA en Falcón, provoca que adultos y niños presenten afecciones respiratorias como asma y alergias nasales. En otras localidades, vecinos denuncian emisiones de gases contaminantes que afectan su hábitat y salud. Hay también un incremento de enfermedades oculares y respiratorias por el uso de fogones de leña para cocinar al carecer de gas doméstico.
Entre enero y junio, el Servicio de Apoyo Psicosocial de Cecodap atendió 1.458 consultas de NNA en 18 estados del país. 452 casos correspondieron a alteración del ánimo, con depresión o ansiedad. De ellos, 91 presentaron inclinaciones suicidas.
El Estado venezolano tiene el deber de garantizar la vida, la salud, y la atención a enfermedades, asegurando las inversiones, acciones y políticas efectivas para ello. Ante el Comité de Derechos del Niño, Venezuela debe explicar cómo ha cumplido estas obligaciones.
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