Si un chico infringe la ley

trátese con dignidad

se respetará su vida

Hay una legalidad

Convención para Cantar. Luisa Pernalete. 2020

Los artículos 37 y 40 de la Convención establecen que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a no sufrir privación de su libertad de manera arbitraria y recibir siempre un trato digno aun cuando se presuma que han infringido leyes penales.

Entre mayo y septiembre de 2020 se reportaron 86 adolescentes en conflicto con la ley penal (87% masculinos). Un tercio de los casos procesados se relacionan con excesos policiales durante la cuarentena, debido a detenciones por “no cumplir las normas de control sanitario”.

Un adolescente fue ajusticiado por presuntamente estar implicado en un robo y en otro caso, la familia acusa a la policía de la muerte de un adolescente que se llevaron de su comunidad. Dos casos en el período, tratan de adolescentes detenidos por razones políticas. Estos hechos violan garantías básicas de una justicia juvenil ajustada a Derecho.

Por otro lado, se aprecia la participación de adolescentes en delitos muy graves como el homicidio, representando 30% de lo reportado. De este grupo, 15 adolescentes fueron señalados como autores de homicidios cuyas víctimas eran desconocidos (en la tercera parte de estos casos el móvil original era un robo); mientras otros 10 son acusados de homicidios contra familiares como: padre, hija (3 meses), hija recién nacida, abuela, tía, pareja adolescente embarazada, hermano, prima y dos casos contra niños menores de un año, ocurrieron en complicidad con la pareja.

En menor proporción, pero esencial su abordaje especializado, se reportaron 7 adolescentes como autores/cómplices de delitos sexuales: en 5 casos las víctimas son niñas/niños; en un caso que involucra a 2 adolescentes, una mujer fue asesinada y en otro, una adolescente fue detenida por explotación sexual junto a otras personas.

Otros 6 adolescentes fueron detenidos junto con adultos en casos de hurtos y robo en transporte público; en dos ocasiones, la detención ocurrió junto con los propios padres y en uno de ellos, además de robar, abusaron sexualmente de una mujer y su hijo. El resto de los casos refieren a robos y hurtos sin compañía de adultos, tráfico de drogas, estafa, secuestro.

Venezuela, como firmante de la Convención, sigue sin implementar una política preventiva de justicia para niños y adolescentes, sobre la base de la Doctrina de la Protección Integral.