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Samanta Hernández fue detenida el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la vivienda de sus abuelos, ubicada en la parroquia El Valle, en Caracas. Es hermana del teniente Cristián Hernández, crítico del gobierno y actualmente en el exilio, y sobrina de Henry Castillo, desaparecido desde enero de 2025.
Según el Comité por la Libertad de Presos Políticos (CLIPPVE) Samanta fue presionada por su defensora pública para que admitiera delitos que no ha cometido durante su audiencia preliminar, celebrada el pasado jueves 15 de enero.
La adolescente fue presentada ante la jueza Kelly Núñez, titular del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. De acuerdo con el Comité, a sus padres se les impidió el acceso a la sala de audiencias y permanecen a la espera de conocer los cargos que se le pretenden imputar.
En la misma audiencia también habría sido presentada Aranza de los Ángeles Hernández, de 19 años de edad, hermana de Samanta.
Un caso de persecución familiar y castigo colectivo, vinculado al exilio de su hermano, el teniente Cristián Hernández, crítico del gobierno. La defensora pública asignada por el Estado, Annely Ramos, identificada como Defensora Pública 16 Penal de Adolescentes, habría insistido en que la joven admitiera hechos que niega haber cometido, pese a que no se le han informado formalmente los cargos.
Hoy Samanta no ha sido beneficiaria de la Ley de Amnistía recien aprobada por la Asamblea Nacional, aunque el caso claramente muestra el patrón de persecución familiar y castigo colectivo por parentesco, conocido como Sippenhaft, denunciado ampliamente por distintas organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
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