Angeyeimar Gil, trabajadora social y defensora de derechos de la niñez y la adolescencia en la Redhnna, explica que antes los paquetes de grado no suponían un gasto extraordinario porque las familias tenían ingresos estables. Añade que la atención del Estado debe centrarse en la crisis económica y no en la eliminación de los paquetes o las fiestas.
Fuente original: Crónica Uno. – “Esto es un sacrificio que hacemos por nuestros hijos”, describe Rosangela Barros, madre de Brayan, estudiante de quinto año. Mensualmente destina $110 para cancelar la matrícula de sus dos hijos y adicionalmente deberá pagar $40 por el paquete de grado, que incluye el alquiler de toga y birrete y las fotos.
“En estos meses todo han sido gastos y aún no llega la graduación. Todavía no he podido pagar el paquete de grado porque si no es una cosa es otra. Muchos padres optaron por buscar ayuda de familiares”.
El Ministerio de Educación considera que los actos de promoción se convirtieron “en prácticas excluyentes y transmiten valores contrarios a lo que debe ser un acto académico-pedagógico”.
El boletín con fecha del 5 de junio, y que firma el ministro Héctor Rodríguez, indica que no autorizan la contratación de paquetes de grado y que si “se requiere algún aporte sencillo por parte de las familias, podrá la comunidad organizar otras formas de hacerlo”, sin que se excluya al estudiante de su propio triunfo.
Para Angeyeimar Gil, defensora de derechos de la niñez y la adolescencia en la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Redhnna), la eliminación de los paquetes de graduación en centros educativos podría ayudar a preservar las tradiciones familiares sin aumentar la carga económica, especialmente en el contexto de crisis venezolana.
“Antes los paquetes de grado no suponían un gasto extraordinario, las familias tenían ingresos estables. Ahora se relacionan directamente con la crisis económica y es en esta crisis donde debe centrarse la atención del Estado y no en la eliminación de los paquetes o las fiestas”.
Gil añade que los paquetes actuales son costosos y evidencian las desigualdades entre los padres. “La educación debe ser un derecho gratuito, es fundamental que el Estado garantice que todos los estudiantes puedan disfrutar de su promoción sin que su situación económica sea un obstáculo”.
Promover una educación de calidad
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 3 millones 900 mil niños y adolescentes abandonaron el sistema educativo en Venezuela y 28,75 % de los jóvenes culmina el bachillerato. Esto se debe a las condiciones familiares, sociales, el déficit de docentes y el colapso del sistema educativo.
Gil, quien también es trabajadora social, asegura que el Estado debe promover un sistema educativo con condiciones que garanticen el derecho a la educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los procesos educativos, incluidos los culturales, estén al alcance de todos. Es fundamental que la educación sea de calidad y que las familias puedan garantizar la continuidad del proceso educativo”.
Añade que la recuperación de la educación en Venezuela debería ser la principal preocupación y atención del Ministerio de Educación.
“La decisión no debe ser adultocéntrica. Los y las adolescentes deberían participar en la definición de cómo llevar adelante ese proceso de promoción”.
Solidaridad
Los papás de una compañera de Brayan no podían costear el paquete de graduación. Sin embargo, el comité de padres que se creó principios de año para organizar la celebración, decidió que el resto de los representantes cubriría el paquete de grado de la estudiante porque es un grupo muy unido.
“Son alumnos que han estudiado bastante y eso los unió. Además, ellos mismos dijeron que no querían dejar a nadie por fuera. Considero que estos actos no excluyen a nadie, al contrario nos unen como representantes”,afirma Rosangela.
Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo, explica que la compra de los paquetes de grado en las instituciones públicas y privadas no es obligatoria, pues es algo externo a la junta directiva de los centros educativos.
“Muchas veces ocurre que en las secciones de quinto año o sexto grado hay representantes que no pueden pagar los paquetes de grado debido a su bajo poder adquisitivo. En esos casos, otros representantes o el mismo colegio cubren los gastos para que puedan participar en las actividades”.
Según Romero, la eliminación de los paquetes de grado para las promociones de estudiantes y bachilleres no dañará la tradición de los padres de conmemorar este logro educativo, pues siguen aprobadas otras actividades como “el último timbre” y las caravanas de grado.
Rifas y fiestas
Virginia, madre de Marcelo y Lyan, próximos a graduarse de sexto grado para iniciar el liceo, debe pagar $70 por cada uno de los paquetes de grado.
Los representantes de la escuela básica, ubicada en Gato Negro, organizaron rifas y bingos profondo. Con estas actividades lograron recaudar parte del dinero necesario para pagar las camisas de la promoción y las decoraciones de la institución.
“Cada representante gastó $22 por alumno para la compra de la franela del estudiante y la de los padrinos. Eso puede ser un gasto innecesario, pero es la ilusión de que pasaron de grado”.
El Ministerio de Educación detalló en su boletín informativo que se generalizó nombrar a los padrinos de promoción con base en criterios económicos. Recomendó que a los padrinos los seleccionen entre docentes y representantes, por su relación afectiva con los estudiantes.
“En algunos casos inclusive, estas personas no son idóneas moralmente para ser escogidas como referentes, como ejemplo para nuestros muchachos”, indica el boletín.
El ministro sugiere seleccionar como epónimo de la promoción a personajes destacados de la historia y que los padrinos sean “docentes, representantes, obreros, cocineras, por sus condiciones personales y morales” y también por su relación con los estudiantes.
Pero la celebración de Virginia y sus hijos no termina con el acto formal. A finales de julio ya tienen prevista una fiesta de graduación para los alumnos, un evento adicional que también requiere planificación y recursos.
Gil considera que las fiestas de graduación a menudo están diseñadas para un público adulto, lo que plantea un problema, ya que los graduados son adolescentes entre15 y 17 años. Esto genera preocupaciones sobre el consumo de alcohol en estos eventos, que es ilegal para menores de edad.
“En estas fiestas de recaudación de fondos hay una delgada línea entre la ayuda económica y la promoción de comportamientos prohibidos en adolescentes”, finaliza.
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