Caracas, 20 de noviembre de 2019. – En Venezuela, el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se recibe en medio de una emergencia humanitaria compleja con graves efectos a corto, mediano y largo plazo en la vida de niños, niñas y adolescentes, por ello elevamos nuestras voces ante la sociedad y exigimos al Estado el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron al ratificar la CDN en agosto del año 1990 con la creación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) en el año 2000 luego del período de vacatio legis.

Hoy más que nunca denunciamos la vulneración sistemática y prolongada del derecho a un nivel de vida adecuado, del acceso de niños, niñas y adolescentes a la alimentación y de la ausencia de medidas y decisiones que permitan a las familias tener una dieta nutritiva que asegure un desarrollo integral de niños y niñas. Denunciamos también, la falta o prestación irregular de los servicios básicos como agua, electricidad, gas, aseo urbano y transporte, que afectan el bienestar y el progreso de millones de niños y niñas en Venezuela, además la realidad del creciente peligro de la migración forzada de las familias incluyendo niños, niñas que migran sin compañía adulta y los que quedan solos en el país.

A pesar de las medidas cautelares dictadas por órganos internacionales de protección de DDHH, hemos podido constatar cómo el Estado vulnera el derecho a la vida y la supervivencia de niños y niñas con condición de salud crónica; no se ha hecho efectiva la dotación de insumos médicos, equipos y servicios de mantenimiento adecuados para brindar asistencia a niños, niñas y adolescentes, tampoco se cuenta con medicinas, exámenes médicos y ni siquiera productos básicos de higiene y aseo personal y hasta los servicios como agua, electricidad y sistemas de emergencia, se prestan de manera deficiente e intermitente en los centros de salud.

Se ha reducido considerablemente la cobertura escolar; miles de niños y niñas dejan de ir a las escuelas para involucrarse en estrategias de sobrevivencia económica que apoyen los precarios ingresos de sus familias. El deterioro de la infraestructura escolar, los bajos salarios que obligan a que muchos maestros deserten o decidan sumarse a la gran cantidad de venezolanos que emigran forzosamente para huir de la pobreza, las fallas sistémicas de los servicios y la inseguridad social, vulneran el Derecho a la Educación de la niñez venezolana.

En el año 2018, se produjeron 1.484 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, lo que equivale a 4 muertes diarias. 371 de esos asesinatos fueron perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad, y se clasificaron como muertes por “resistencia a la autoridad”, incluso cuando se trataba de niños y niñas menores de 12 años de edad. Justificar así la muerte de niñas y niños por parte de funcionarios policiales o militares, referirse a ellos como individuos “dados de baja”, tratarles como “enemigos que se resisten”, y conocer cada vez más casos de torturas a niños hasta por los hechos más inverosímiles, denota la enorme equivocación del gobierno venezolano al asumir una política de seguridad belicista, que utiliza el uso indebido de la fuerza y el abuso de poder, instaurando así prácticas violatorias de derechos humanos.

Los derechos a la recreación, a la participación, al disfrute de opciones deportivas,  culturales o de encuentro social y comunitario, han sido severamente restringidos e improvisados: un ejemplo doloroso y reciente es el de una adolescente que encontró la muerte  por asistir a un espectáculo musical gratuito en la ciudad de Caracas.

En este contexto de vulneración de los derechos de la niñez se evidencia un notorio debilitamiento del Sistema Rector para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, conforme a la LOPNNA, es la máxima autoridad del Estado venezolano para garantizar los derechos y la protección integral de la niñez en todo el territorio nacional. No hay políticas públicas, ni se han adoptado planes o programas de protección especial para la población que es víctima de vulneración a sus derechos, no hay evidencia de diagnósticos, estadísticas y reportes que denoten el respeto por el mandato legal de asignación privilegiada de recursos según el principio de prioridad absoluta.

La falta de institucionalidad, tanto en las estructuras como en los procedimientos, revela la evidente regresión del Paradigma de Protección Integral que hace tres décadas Venezuela se obligó a respetar. Estas grandes fallas se traducen en niños y niñas desamparados, en situación de calle o remitidos a entidades de atención, sin programas de atención familiar que promuevan y aseguren su posterior reinserción. Son niños y niñas que deben afrontar la judicialización de sus casos y las demoras en su resolución debido a la inoperancia de los tribunales de protección.

A 30 años de la CDN la REDHNNA invoca uno de sus principios fundamentales, el principio de Prioridad Absoluta, que obliga al Estado en primer lugar, pero también a la sociedad y a las familias, a asegurar todos los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera preferente e ineludible. Ello significa que deben privilegiarse las decisiones y acciones que garanticen la salud, la educación, el bienestar y el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

No puede haber más excusas, limitaciones ni dilaciones, ni pueden anteponerse intereses que pretendan justificar la postergación en la adopción de medidas, la realización de inversiones y la implementación de iniciativas que aseguren la protección, cuidado, formación y estímulos a la expansión de la niñez y adolescencia de y en Venezuela.

El 2020 debería ser el año de la implementación de un Plan de Respuesta Humanitaria con el apoyo de las Agencias de Naciones Unidas en Venezuela, que realmente represente un aporte a la rectificación de las políticas del Estado que han generado graves daños con consecuencias humanitarias masivas a la infancia del país, presente y futura.

La REDHNNA revalida su compromiso con los derechos de la niñez y adolescencia venezolana y se compromete a seguir promocionando y exigiendo que se garanticen ¡todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera del territorio nacional!, visto el principio de la cooperación internacional que los protege.

Suscriben:

  1. IIJ-UCAB
  2. Acceso a la Justicia
  3. Acción Ciudadana Contra el SIDA ACCSI
  4. Ancora Humanitas
  5. Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
  6. Asociación Venezolana de Mujeres
  7. Asociación Muchachos de la Calle
  8. Asociación por la Vida
  9. Caleidoscopio Humano
  10. Cátedra de la Paz ULA
  11. Cecavid
  12. Cecodap
  13. Cendif-Universidad Metropolitana
  14. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
  15. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
  16. Civilis Derechos Humanos
  17. Cooperativa Caribana
  18. Defiende Venezuela
  19. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  20. Fundación a todo Pulmón
  21. Fundación Agua Clara
  22. Fundación Celta
  23. Fundación Lucelia
  24. Fundación Luz y Vida
  25. Fundación para la Prevención de la Violencia Domestica hacia la Mujer-FUNDAMUJER
  26. Fundación Reflejos de Venezuela
  27. Hogar Virgen de los Dolores
  28. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP)
  29. Justicia y Paz O.P. Venezuela
  30. Liga Merideña contra el Sida
  31. Médicos Unidos de Venezuela, MUV
  32. Monitor Social A.C. (Nueva Esparta)
  33. Movimiento Ciudadano Dale Letra
  34. Movimiento SOMOS
  35. Muchachos de la Calle
  36. Mujeres con Derechos
  37. Mulier
  38. Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
  39. Observatorio Venezolano de Violencia
  40. Prepara Familia
  41. PROADOPCION, A.C.
  42. Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
  43. PSICODEHU. Psicóloga y derechos humanos. Psicóloga y democracia humana
  44. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
  45. Red de Casas Don Bosco
  46. Red Naranja
  47. REDAC Capítulo Barinas
  48. Una Ventana a la Libertad
  49. Uniandes A.C.

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