Encerrados en casa por la crisis del Covid-19, los niños, niñas y adolescentes de Venezuela son víctimas cada vez más frecuentes de violencia psicológica, física y sexual. De acuerdo con organizaciones sin fines de lucro y de autoridades regionales del estado Táchira consultadas por El Diario, desde el inicio de la cuarentena social del pasado 16 de marzo el registro de estos casos, así como la solicitud de apoyo a los menores de edad y las detenciones de los violadores o maltratadores se ha incrementado. A pesar del esfuerzo de estos organismos para responder, las medidas se hacen cuesta arriba en gran parte del país por los trámites burocráticos y la falta de políticas generales del Estado.

Abel Saraiba, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) explicó que, desde el inicio del confinamiento en Venezuela, han recibido aproximadamente 400 consultas en todo el país, de las cuales la mayoría se trata de violencia en la crianza, de maltrato físico y de trato humillante. De estos casos, uno de los más graves fue el de un niño de 9 años de edad en el estado Zulia que intentó suicidarse. 

No obstante, aclaró que todavía se encuentran en fase de levantamiento de casos y que no cuentan con datos oficiales, por lo cual podrían ser más. Detalló que la meta de consultas de Cecodap para 2019 era de 10.000 casos, pero se reportaron 11.000.

Ante esta situación, Cecodap ofrece orientación, acompañamiento, estrategias de autocuidado, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento legal, así como una estrategia de difusión de contenidos, recomendaciones y pautas que permitan a las familias afrontar situaciones de violencia infantil. Todo esto principalmente a través de videollamadas, mensajes de texto o llamadas telefónicas.

“Cuando la gente llama, nosotros hacemos una primera recepción de los datos, luego hacemos una entrevista preliminar, luego se decide si puede ser atendido o no, debido a que tenemos unas líneas de trabajos; una vez es admitido, se entrevista a los padres o representantes y se avanza. Una vez el caso admitido, si se estima que hay una situación de riesgo, pues se valora el alcance del mismo. Tenemos un equipo jurídico con quienes evaluamos si esto puede suponer una amenaza a la integridad física de los niños, y de ser así, se procede conforme a lo que está establecido en la ley, o bien se hace la denuncia vía consejo de protección, o vía Ministerio Público”, explicó Saraiba.

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El coordinador del programa Creciendo sin Violencia señala que cuando un profesional de la salud tiene conocimiento de que hay una situación de violencia contra un niño, tiene la obligación de denunciar, aunque los afectados no lo hagan.

“En otros casos las personas cuando no nos suministran datos directos, que nos permiten constatar, se les da la orientación a qué organismos puedan poner la denuncia”, dijo.

No obstante, Saraiba señala que la actuación del Estado es “deficiente” para impartir justicia y ayudar a los infantes con derechos vulnerados. De acuerdo con el artículo 158 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños , Niñas y Adolescentes (Lopnna), los Consejos de Protección:Son los órganos administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías”.

En la actualidad, estas no cuentan con las herramientas para hacer su trabajo. Además, agrega, de las respuestas también limitadas del actual sistema judicial venezolano.

El Ministerio Público habilitó la línea telefónica (0212) 509-8684 para atender los casos de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, la cual está operativa desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm, confirmó El Diario. Asimismo, la Unidad de Atención a la Víctima, ubicada en la avenida Urdaneta, en Caracas, está laborando en el mismo horario, aunque recomiendan la comunicación telefónica para evitar las aglomeraciones.  

El Diario solicitó una entrevista con las autoridades de la Fiscalía con competencias en la materia, pero argumentaron que “no están autorizados para dar declaraciones”. Las mismas están a cargo del fiscal nombrado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab.

Día mundial contra el Maltrato Infantil

El 25 de abril es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Esta fecha se establece para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como para concienciar a la colectividad sobre las consecuencias del maltrato en infantes.

Este año, con la particularidad de la pandemia del Covid-19, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que el confinamiento puede exponer a los niños a un aumento del castigo físico y violencia psicológica en el hogar u obligar a los niños a quedarse en hogares precarios.

Najat Maalla, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre violencia contra los niños también dijo: “En un momento de encierros y aislamiento en el hogar y en otros lugares, los niños corren un mayor riesgo de sufrir violencia y explotación, así como problemas de salud mental. Esto es especialmente cierto para aquellos que ya están en situaciones vulnerables y que no deben ser dejados atrás”.

Consejos desprotegidos

La crisis del Covid-19 en Venezuela se produce en un momento en el que los organismos públicos no pueden dar respuesta eficiente a los casos de violencia. Entre las potestades de los Consejos de Protección que establece la Lopnna, está el de dictar las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes. Todo ello, en función de las normativas  enmarcadas en los artículos 124 y 126 de la Ley, que establece toda la estructura que debe tener el Estado venezolano para salvaguardar su integridad. Sin embargo, crisis económica y la falta de apoyo institucional impiden el buen funcionamiento de estos consejos. 

De acuerdo con Nelson Villasmil, integrante de la Consejería de Protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Sucre, en el estado Miranda, hay una discordancia entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. Argumenta que debido a los malos sueldos (van entre uno a tres salarios mínimos) muchos de los consejeros renuncian al cargo. Desde 2017, al menos siete personas de la consejería dimitieron, según Villasmil. Además, explica que no cuentan con programas de atención coordinados por el Estado, tiene poco presupuesto, escasez de equipamientos y fallas en las instalaciones.

“Ahorita se está presentando un problema. Con los malos sueldos, la gente termina renunciando a sus cargos. Por lo tanto, el nivel de conocimiento de la mayoría de los consejos de protección ha disminuido. Las personas que ocupan esos cargos, no son necesariamente las más idóneas, terminan teniendo acciones indebidas, no acordes. El consejero, que es el que tiene que resolver el problema, termina improvisando y la protección no es la mejor, por lo que las expectativas no se cumplen”, dijo.

A pesar de ese contexto, la Consejería de Sucre se encuentra trabajando durante la cuarentena a través del número telefónico (0426) 905-5390 para atender “estrictas emergencias”, es decir, casos de trato cruel, de abuso sexual, o de niños abandonados. En total, desde el decreto de cuarentena, han recibido aproximadamente 10 de estos casos que implican la apertura de un procedimiento para restituirle los derechos a menores, según Villasmil. Agregó que la consejería también está ofreciendo orientaciones y tienen a disposición especialistas, abogados, y psicólogos.

En cuanto al total de casos, Villasmil asegura que se han reducido en los últimos años debido al flujo migratorio. De esta forma, si para el año 2015 habían aproximadamente 1500 procedimientos, conforme al paso de los años se ha reducido a entre 600 o 300 procedimientos. Pero, al mismo tiempo, el flujo migratorio ha recrudecido la violencia contra los menores de edad. 

Al migrar los padres de familia, los hijos se quedan al cuidado de otros familiares, o de vecinos, o de padrastros. Estos son, de acuerdo con el consejero, los principales victimarios. Por lo tanto, piden especial atención a niños que estén en estas condiciones durante la cuarentena.

“Muchas veces dejan a los niños con las abuelas, pero son muy mayores de edad, o son personas poco tolerantes, entonces terminan exponiendo al chamo, no cumplen con su escolaridad. Creen que el niño es un objeto. Hemos tenido esos casos así. Tanto el agresor físico como el agresor sexual terminan teniendo algún vínculo con el chamo. Siempre es alguien conocido. Últimamente hemos tenido casos de madres adolescentes que tienen parejas de 60 o 65 años, es decir, que se llevan muchos años de diferencia. La mamá llevaba a la adolescente al vecino, y terminaban enamorándose y teniendo relaciones sexuales. Entonces tienen hijos y terminan siendo los más afectados”, contó Villasmil.

Denunciar pese a la desatención 

El funcionamiento de las Consejerías de Protección de todo el país las coordina, en teoría, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna). Pero en la práctica, el entramado burocrático merma el acceso de los organismos gubernamentales y sin fines de lucro que buscan los programas de atención y de ayuda a los menores de edad.

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Carla Serrano, directora general de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), una ONG que agrupa a los defensores de los DD HH de los menores, recordó que la Lopnna ha sido reformada dos veces. La última, en el año 2007, introdujo un ministerio con competencia en materia de niños. Pero desde entonces no hay una cartera clara que se ocupe de este tema.

Desde la última reforma, las competencias han pasado por el ministerio de Salud, por el de Comunas, y por Protección Social. Actualmente está adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, específicamente en el polémico Viceministerio de la Suprema Felicidad Social Del Pueblo.Cada vez más lugares, posiciones, roles importantes en la materia de infancia, no lo ocupan realmente personas que tengan conocimientos sobre el tema ni tienen la formación, entonces a veces puedan dar un mensaje equivocado o de la forma que no es, o con la manera de actuar terminan estigmatizando o discriminando a los niños. Tenemos más burocracia, más cargos, una estructura administrativa enredadísima, pero a la hora del té dónde están. Tú nunca los ves dando declaraciones, asumiendo responsabilidades. No hay un plan para proteger al niño durante el Covid-19. No ves nada de eso. No ves un pronunciamiento público”, dijo Serrano.Comparte en   

Este miércoles 22 de abril el Idenna, en conjunto con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, publicaron algunas imágenes destinada a los jóvenes para prevenir el contagio del Covid-19. De igual manera, la presidenta del Idenna, Luisaura Ravicini-Pérez, emitió un comunicado en el que insta a los padres a tomar las medidas de prevención contra el contagio del virus, evitar promover informaciones distintas a las oficiales con respecto a la pandemia, a los consejos municipales a no establecer restricciones que vulneren los derechos de los menores, y reforzar el buen trato a los mismos. No obstante, hasta ahora no han hecho público ningún plan de medidas concretas para la protección de los menores o campañas de comunicación de mayor alcance.

El Diario intentó establecer comunicación con las autoridades del Idenna a través de la cuenta Twitter de la institución (@Idennaoficial), pero hasta la publicación de este reportaje no recibe respuesta. Salvo algunos mensajes instando a los niños a leer durante la cuarentena y de otra índole, a través de la cuenta se difunden los tuits de Nicolás Maduro y de otros integrantes del régimen. Asimismo, intentó la comunicación a través de su página web www.idena.gob.ve, pero no se encuentra operativa.

Por lo tanto, Serrano es poco optimista con la administración de justicia de los casos de maltrato o de violación durante el confinamiento, aunque insiste en la importancia de visibilizar el maltrato y los abusos sexuales: “Con honestidad, todos nosotros tenemos pocas expectativas. Ya son muchos años, entonces has visto cómo han mermado los tribunales, el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia adepto al régimen chavista. Pero tienes que seguir trabajando. A las mismas personas no les gusta la idea de denunciar; han tenido malas experiencias de acercarse a la policía, pero aún así hay que insistir que esto queda documentado, registrado. El trabajo es acompañar”.

Y es que las Consejerías trabajan en conjunto con el Ministerio Público, con los organismos policiales, y con la Defensoría del Pueblo. Nelson Villasmil explicó que los consejos municipales se encargan de resolver directamente la situación de los menores de edad, ofreciendo medidas de protección como por ejemplo llevarlos a una casa hogar, dejarlos a cargo de otros familiares, entre otras. Villasmil lo ejemplifica de la siguiente manera:

“Si hay un tema de abuso sexual, el Ministerio Público investiga, remite al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que haga la medicatura forense, e inicia la investigación para establecer responsabilidades penales. Luego el Ministerio Público tiene que derivar a ese niño o adolescente al consejo de protección para que lo proteja de esa violación por la cual atravesó”.

Aun así, la directora general de Redhnna recomienda a las personas buscar información sobre el consejo de protección de su municipio y de buscar ayuda de las ONG que se encargan de estos casos, así como de otros tejidos sociales como familiares, vecinos o incluso iglesias, puesto que la mayoría de las denuncian llegan a las autoridades u organismos sin fines de lucro a través de terceros, y no los involucrados directamente en el hecho violento. En este sentido, dice que las profesoras en las escuelas suelen ser las ayudas más frecuentes para los niños, por lo que lamenta que muchos niños no puedan recibir clases en por la coyuntura.

“Cuántos vecinos escuchan que al lado le están cayendo a palos a un niño. Hay momentos en los que eso no se puede tapar; todo el mundo escucha, pero nadie se mete porque dicen que eso es privado. El tema es entender que los temas de los derechos de los niños son de orden público, que la violencia no debe esperar hasta llegar a ser fatal”, dijo Serrano, y agregó: “Todos tenemos dignidad humana. La diferencia es que los niños como están en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de madurez, ellos los van ejerciendo de manera progresiva, pero tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro. Uno no tiene por qué sentir el derecho de golpear o maltratar a niños solo porque son niños. Hay que corregirlos y orientarlos, sí, pero no maltratarlos. Los niños y adolescentes son sujetos de derechos”.

Consecuencias del maltrato infantil y recomendaciones:

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Táchira, la excepción

Hace una semana el Instituto de la Mujer (Intamujer), ente adscrito a la gobernación del estado Táchira, decidió abrir cuentas oficiales en Instagram (@intamujer) y Facebook (@intamujeroficialm), así como habilitar líneas telefónicas (04147044323) para recibir denuncias de maltratos a menores de edad. Desde entonces han recibido 17 denuncias. Dentro de las fallas del Estado venezolano para dar respuesta rápida a los casos de vulneraciones de derechos de los menores de edad, Táchira aparece como una excepción.

En un trabajo en conjunto con el Cicpc, Fiscalía, Consejerías de Protección y policías locales, Intamujer coordina, registra, denuncia y captura a los maltratadores o violadores de los niños, niñas y adolescentes; además de velar por el resguardo de los menores. Los casos, dicen las autoridades, se han recrudecido durante la cuarentena.

Gladys Cáceres, detective jefe de la Brigada contra la violencia de la mujer, niños, niñas y adolescentes del Cicpc del estado Táchira explicó que uno de los primeros casos ocurrió en el municipio Capacho Nuevo, donde rescataron a dos niños de 2 y 3 años y a una niña de 5 años, quienes habían sido violados por su padrastro. El hombre, de 26 años de edad, los agredió físicamente hasta incluso fracturar el fémur de la niña luego de darle una patada. El hombre fue detenido, mientras que la mamá de los niños se encuentra en Colombia trabajando. Los niños ahora viven con el papá biológico y reciben atención médica.

En otro caso, en el municipio Andrés Bello, lograron rescatar a dos niños de 8 meses de edad que también sufrían maltrato.Cuando asumí la brigada, comencé a hacer contactos con la gente que también se dedicaba a hacer este tipo de denuncias. Estamos trabajando de manera conjunta, porque alguna gente cree más en nosotros; otra gente cree más en ellos; otra gente cree más en la Fiscalía; pero quienes pueden ir somos nosotros porque tenemos la capacidad y la potestad. Intamujer puso una línea telefónica y nos envía los reportes. La primera semana de la cuarentena fue poco, ahorita está otra vez incrementándose”, comentó la detective.Comparte en   

De acuerdo con los registros de la brigada, desde principios de año hasta la publicación de este reportaje, son aproximadamente 35 denuncias de maltratos a menores de edad. Los de Intamujer, en cambio, reportan 17 denuncias. Según la detective del Cicpc, “del 100% de los delincuentes, 99% están presos”. Además, están imprimiendo fotos de los niños maltratados para presentarla a la Fiscalía y que impongan las penas correspondientes.

Beatriz Mora, presidente de Intamujer, informó que desde 2018 las cifras han tenido un repunte. Ese mismo año, Intamujer atendió a 7.000 personas, de las cuales 1.500 involucraron niñas, niños y adolescentes; en el año 2019 atendió a más de 10.000 personas, de los cuales 4.000 involucraron a menores de edad; y del año 2020, antes de la cuarentena, tenían 300 casos de menores. Solo durante la cuarentena son 17 las denuncias por maltrato a niños, niñas y adolescentes.

Además, reportaron el primer caso de feminicidio en Táchira durante la cuarentena. Fue en el municipio Colón, donde un hombre asesinó a una mujer de 38 años de edad “por celos”.

“Actualmente, con el confinamiento, estamos trabajando directamente con el Cicpc. Nosotros recibimos la denuncia, la canalizamos. Son muchos casos de violencia intrafamiliar, otros buscan asesoría legal y hasta asesoría psicológica y hemos podido hacerlo a través de la vía telefónica. En algunos casos, Intamujer en esa violencia intrafamiliar, cuando es de hijos contra madres, hemos podido intervenir, por supuesto bajo las medidas de seguridad, con la prevención y con el distanciamiento entre las personas, pero hemos hecho algunas intervenciones”, explicó Mora, y agregó que no siempre los integrantes de la institución pueden acudir a las zonas debido a que no tienen gasolina, por lo que se tienen que turnar para hacer las asesorías legales.

Además del área legal, donde hay seis abogados y dos asistentes legales, Intamujer cuenta con el área psicológica, donde hay cuatro psicólogos y una psicoterapeuta, cuatro asistentes de psicología y un orientador familiar; y el área de defensoría de niños, niñas y adolescente, que fue inaugurado este año después de la preparación de los abogados. Por último, tienen un programa de abrigo, que es una casa hogar.

En principio, contó la presidenta de Intamujer, la mayoría de las denuncias venían de las zonas fronterizas como los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Torbes y Lobatera. Pero en los últimos meses se extiende a San Cristóbal, La Fría,  Seboruco, Antonio Rómulo Acosta y en San José de Bolívar. Es en estas zonas donde se asientan los venezolanos que llegan de otros estados del país y desde donde se reportan los casos más graves de violencia sexual. En municipios como Francisco de Miranda registran una gran cantidad de “uniones tempranas”, es decir, hombres mayores que tienen como parejas a niñas menores de 15 años de edad.

Mora recomienda a los vecinos, familiares o conocidos que sepan de casos de violencia a menores de edad y a mujeres para que denuncien ante las autoridades correspondientes.

El confinamiento, que ha resultado un reto para millones de personas en el mundo, es ahora uno de los mayores desafíos para la integridad de los niños en todo el mundo, y en especial Venezuela.

Fuente: El Diario