El joven que ya había sido admitido para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), permanece privado de su libertad bajo una condena que, según sus allegados, busca criminalizar a la juventud por meros prejuicios políticos
Este viernes 9 de enero se cumple un año desde que el adolescente Gabriel Rodríguez, un destacado atleta y estudiante de Lara, viera cómo sus sueños de bachiller y futuro ingeniero quedaban suspendidos tras una detención arbitraria. Lo que comenzó como una salida de rutina para buscar atención médica por una fiebre alta terminó en un proceso judicial que su familia califica de viciado.
En un contexto donde el gobierno venezolano ha anunciado excarcelaciones de “un número importante” de presos políticos, según las palabras de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Gabriel sigue privado de libertad con una condena que ha sido rechazada por su familia y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Detenido por tener “aspecto de guarimbero”
El 9 de enero de 2025, aproximadamente a las 12:45 del mediodía, Gabriel salió de su turno de trabajo vacacional en una panadería artesanal con un fuerte malestar. Se dirigía al Ambulatorio de Cabudare para tratar una fiebre alta que lo aquejaba. Fue interceptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entre el estacionamiento y el área de maternidad del centro asistencial.
Según el testimonio de su familia, los uniformados justificaron el arresto basándose únicamente en su apariencia física, alegando que tenía “aspecto de guarimbero” por vestir una bermuda y un suéter negro, su vestimenta deportiva habitual. Gabriel relató haber presenciado el momento en que los funcionarios fabricaron pruebas en su contra: sacaron gasolina de la unidad en la que lo trasladaban y la colocaron en un envase para simular evidencias de presuntas actividades violentas. Incluso, los 400 bolívares que llevaba —producto de su trabajo en la panadería— fueron usados por los oficiales para acusarlo de que pretendía “comprar gasolina para guarimbear”.
“Desde el inicio se le violaron sus derechos, comentó que lo sembraron, cuando lo llevaron a presentarlo, a hacer el examen forense, algo así. Él mismo vio cómo los funcionarios sacaban gasolina de la unidad donde lo cargaban, buscaron un envase y hasta le dijeron que así iban a formar las falsas pruebas”, denunció el familiar.
23 audiencias y un proceso bajo sospecha
El laberinto judicial de Gabriel se formalizó el 11 de enero con su audiencia de presentación, donde se le dictó medida preventiva de libertad. El juicio inició formalmente el 18 de marzo y, desde entonces, según el testimonio de un familiar, el adolescente fue sometido a un total de 23 audiencias, de las cuales 15 fueron efectuadas y 8 resultaron diferidas.
A lo largo del proceso, su defensa denunció múltiples irregularidades: se le negó el derecho a contar con un abogado de su confianza y se ignoraron las contradicciones en los testimonios de los militares que lo capturaron, quienes ofrecieron versiones incongruentes entre sí. Durante sus meses de reclusión en el centro “El Manzano”, la salud de Gabriel se deterioró significativamente, sufriendo desde una infección pulmonar grave hasta llagas bucales y afecciones en la piel.
Un estudiante y atleta ejemplar
Gabriel era el promedio más alto de su sección y un reconocido jugador de béisbol en ligar menores. Uno de los episodios más crueles del proceso ocurrió en julio de 2025: la jueza del caso le asignó una audiencia el mismo día de su acto de grado de bachiller.
A pesar de que su familia solicitó permisos especiales y de que Gabriel mismo escribió una carta al fiscal general expresando su sueño de graduarse “sin grilletes”, esto le fue negado. Gabriel no pudo dar el discurso de graduación que le correspondía por su excelencia académica ni recibir su título junto a sus compañeros, a pesar de haber mantenido un promedio de 18,91 puntos incluso estudiando tras las rejas.
Una condena sin pruebas sólidas
Después de meses de espera, audiencias efectuadas y otras postergadas, llegó la noticia que ni Gabriel ni su familia querían escuchar. El 16 de diciembre de 2025, cerca de las 9:30 pm, la jueza Dayana Castillo, titular del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes, dictó una sentencia que organizaciones de derechos humanos han calificado de “aberrante e injusta”.
Gabriel fue condenado a una pena total de 10 años, desglosados en seis años de prisión y cuatro años de trabajo comunitario por los presuntos delitos de “terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas”. Esta sentencia se emitió a pesar de que la familia y defensores aseguran que no se presentó ni una sola prueba sólida en su contra.
El joven, que ya había sido admitido para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), permanece privado de su libertad bajo una condena que, según sus allegados, busca criminalizar a la juventud por meros prejuicios políticos.
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