PRONUNCIAMIENTO

Caracas, 31 de marzo 2021.- La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) emplaza al Estado venezolano a que cumpla de forma inmediata su obligación de garantizar la protección prioritaria y especial a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que habitan en La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8 y Guafitas del estado Apure y que están siendo afectados y desplazados por el conflicto armado entre grupos irregulares y funcionarios militares y policiales venezolanos, que fuera conocido y difundido en medios de comunicación social. Esta situación viene a sumarse a las múltiples violaciones a los derechos que NNA y sus familias padecen debido a la Emergencia Humanitaria Compleja instalada en el país desde hace más de 5 años y a las consecuencias de la pandemia por la Covid-19. La desprotección y las amenazas a la vida dejan a NNA y sus familiares sin más opciones que huir y abandonar sus comunidades asumiendo los riesgos de realizar un cruce de frontera para buscar ayuda y protección que su país no les garantiza de forma plena y efectiva.

Venezuela, al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en conflictos armados y de otros y tratados de derechos humanos, debe manejar con extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual, represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por parte de funcionarios, quienes pudiesen vulnerar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a no sufrir separación de sus padres y familiares.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Colombia, el conflicto armado ha ocasionado el desplazamiento forzado de al menos 4.700 personas, 1.400 familias y 1.700 son NNA. Aunque en la localidad de Arauquita en Colombia se han creado campamentos de desplazados, el gran número de quienes han huido y siguen huyendo supera de manera significativa su capacidad de respuesta por lo que han pedido el apoyo de organizaciones internacionales.

Preocupa sobremanera la denuncia hecha por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en la que asegura que en la zona del conflicto se han colocado minas antipersonas. Como también causa preocupación la incorporación al enfrentamiento de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Polícía Nacional Bolivariana (PNB), en lugar de generar oportunidades para pacificar el lugar con medidas y acciones que promuevan el cese del conflicto y el retiro de los grupos armados irregulares actuando en el territorio.

Frente a hechos tan graves ocurridos en Apure, exigimos:

  1. Garantizar que la actuación militar y policial en la zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la población residente de estas comunidades.
  2. Promover acciones a partir de las cuales sea posible plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor tiempo posible.
  3. Crear los mecanismos seguros para el retorno de la población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional humanitario y con respeto a su dignidad personal.
  4. Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.
  5. Exigir a las autoridades de Colombia cumplir con su mandato de protección internacional a los niños, niñas y familias que fueron desplazadas producto del conflicto armado y se les garantice el estatus de refugiado con los derechos y garantías que dicho estatus implica.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a toda la población de Apure, pero particularmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a quienes acompañamos en esta situación tan dolorosa. Nos comprometemos a seguir exigiendo que los Estados asuman sus responsabilidades de protección humanitaria y de atención a las necesidades de salud, alimentación, refugio y bienestar general de las familias desplazadas, y que el Estado venezolano genere las condiciones para la pacificación y el retorno de la población desplazada a su hogar lo antes posible, brindándole el apoyo económico y social para la reintegración a sus comunidades de origen y la reparación de daños en los casos en que así sea necesario.