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Comunicado de las Redes del Sur con motivo del 3º Foro SIPPINNA Interamericano

Octubre 2020
Estimadas autoridades institucionales de gobiernos de la región, representantes de organismos intergubernamentales, de organizaciones de sociedad civil y especialmente a las niñas, niños y adolescentes presentes. 
Somos las redes del sur, una plataforma conformada por colectivos de organizaciones sociales dedicadas a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, enfocada en las infancias y adolescencias en Latinoamérica. Actuamos principalmente en la región, con territorialidad en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
Especialmente durante los últimos años, nuestros países atraviesan adversidades desencadenadas por crisis políticas, económicas y sociales, exacerbadas por un nuevo impulso del neoliberalismo económico y el advenimiento del neoconservadurismo político, cultural y social, con consecuencias ya evidentes, sumando el peligro latente de una mayor regresión en materia de derechos humanos. Recortes presupuestales en áreas como salud, educación, vivienda, medio ambiente y la disminución o desmantelamiento de programas sociales y de apoyo a las familias,  son la cara más visible de estas políticas. 
Lógicamente este contexto afecta a la población en su conjunto, pero sobre todo quienes más lo sufren son las niñas, niños y adolescentes de los sectores socioeconómicamente menos favorecidos. 
En 2020, la pandemia desencadenada por el coronavirus no ha hecho más que recrudecer los problemas que ya afectan a nuestras sociedades, poniendo aún más en evidencia las fallas que arrastran los sistemas y subsistemas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En este complejo contexto, las voces de las infancias y adolescencias siguen relegadas, sus necesidades y reclamos no son escuchados y tenidos en cuenta debidamente, siendo desbordados por las dinámicas adultocéntricas.
En ese sentido, dado al trabajo mancomunado que venimos llevando adelante desde nuestros colectivos, en conjunto con la participación de niñas, niños y adolescentes que componen dichos procesos, queremos trasladar nuestras visiones y preocupaciones, referentes a áreas sensibles en la materia que nos convoca. 


En términos de educación 
Argentina: La continuidad educativa ha estado mediada por la tecnología, lo que ha puesto en el centro de la escena la brecha digital que afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza y migrantes. Es necesario garantizar el desarrollo de las capacidades para el acceso y uso de las nuevas tecnologías digitales. Preocupa cómo la escuela está expulsando estudiantes, en particular provenientes de contextos populares y migrantes. Urge promover y garantizar la educación sexual integral, ya que  la recreación y el ocio puertas adentro pueden tender a reforzar estereotipos de género, en la medida en que se utilizan las tareas domésticas como juego más frecuentemente para las niñas y adolescentes mujeres que para los varones
Brasil: Las escuelas tuvieron que detener sus actividades normales, es decir, no se están impartiendo clases presenciales. La información sobre el Sistema Socioeducativo, que ya es de difícil acceso en situaciones normales, está desactualizada. Pensar en Educación en Brasil es pensar en diversidad territorial, espacial, política y social. Esto es más complejo si sumamos que cada Estado tiene su propia institución, con estructuras, propuestas y prácticas individualizadas. En tiempos de pandemia se han recrudecido varios temas, como el mantenimiento de las clases y la satisfacción de las necesidades socioeducativas de las y los estudiantes que se encuentran alejados de los centros de estudio.  El país ya se encuentra en proceso de retomar sus actividades y el regreso a las clases presenciales se ha debatido en varios estados del país, a pesar de la falta de garantías de que la seguridad de la niñez y adolescencia pueda prosperar en el escenario actual. 
Chile: se han dado algunas orientaciones respecto a mantener clases virtuales, pero el Estado no se ha hecho cargo de las diferencias de acceso y calidad de educación para todos los territorios y sectores económicos, segregando aún más la calidad de educación para unos y otros. El Ministerio de Educación insiste en volver a clases presenciales sin garantizar la seguridad de niñas y niños. Existe incertidumbre sobre el cierre del año escolar y las calificaciones, factor que causa tensión a las comunidades educativas y especialmente a niños, niñas y adolescentes estudiantes.
Paraguay: La propuesta “Tu escuela en casa”, implementada por el Ministerio de Educación y Ciencias, presenta serias dificultades. Primeramente, evidencia la brecha educacional entre las distintas generaciones, dado que las personas adultas manifiestan como un problema el no comprender los contenidos escolares y, en segundo lugar, revela una vez más la brecha digital existente en el país, por la cual muchas familias no tienen acceso a equipos e Internet y, si lo tienen, es a través de la modalidad de paquetes de datos, la cual implica una carga muy onerosa y deben priorizar los gastos familiares. Este escenario lleva a pensar el rol del Estado para garantizar el derecho a la conectividad y, de esta forma, hacer realidad el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes. La nula pertinencia de la respuesta a la situación de la educación va a implicar una crisis educativa sin precedentes en el país. La exclusión educativa va generar un daño fuerte a la presente generación escolar, acrecentando las desigualdades y las segregaciones de clase. La escuela pública, con un rol fundamental en la construcción y configuración de equidad social, fue dejada de lado en un momento crucial para las comunidades.
Uruguay: la interrupción de la presencialidad en los centros educativos; las diferencias de acceso a las plataformas educativas, al equipamiento y/o conectividad; los diferentes procesos de retorno voluntario; las condiciones de distanciamiento social; entre otras variables; generan fuertes brechas para el acceso y continuidad de los aprendizajes para los sectores más vulnerados. Siguen siendo muchos los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a las propuestas educativas y se está viendo vulnerado su derecho a la educación. Las trayectorias educativas de un gran número de niñas, niños y adolescentes se está viendo afectada por decisiones que implican la disminución de horas de apoyo a escolares; la cancelación de becas a estudiantes de Educación Media; la modificación de algunas trayectorias diferenciales; e incluso el retorno a formatos de segregación educativa en proyectos que incluyen la creación de centros específicos para la atención de niñas y niños con trastornos del espectro autista en vez de fortalecer los formatos de educación inclusiva. 
Venezuela: se observa un llamado a clases que no es claro, no se identifica un programa de educación a distancia específico ni una ruta de incorporación prevista, al día de hoy se tiene mucha incertidumbre de cómo se van a transmitir conocimientos a padres y alumnos en el proceso educativo. No hay coherencia entre la política de bioseguridad del Gobierno Nacional y la política educativa. Por un lado se habla de semanas de cuarentena radical alternada con flexibilidad, y a los docentes no se les garantiza implementos de bioseguridad. 
En términos de salud
Argentina: En este contexto de crisis económica y sanitaria preocupan el acceso a servicios de salud y garantizar la seguridad alimentaria de NNyA en los territorios, en particular a niñas, niños y adolescentes en contexto de pobreza.
Brasil:  La salud es un concepto esencial en el momento en que, epidemiológicamente, nos enfrentamos a un escenario de enfermedad y muerte de una parte significativa de la población brasileña. Más fundamental aún es dar importancia a la situación de la niñez y la adolescencia en este contexto. Probablemente uno de los únicos sectores que se mantiene presencialmente en sus actividades es el sector salud, tratando de garantizar la atención a costa de mucha lucha de sus trabajadores. El reconocimiento de la población a la lucha necesaria por el Sistema Nacional de Salud de Brasil, así como el apoyo a la investigación de las universidades públicas, cobra fuerza durante el período pandémico.
Chile: La Salud mental se ha visto afectada en adolescentes y más aún en tiempos de pandemia, pero no hay oferta pública que solucione esta necesidad. Hay una censura desde el sistema educativo a hablar con niñas y niños sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, potenciado por grupos religiosos y conservadores que se oponen a la Educación Sexual Integral, con el eslogan “Con Mis Hijos No Te Metas” dando clara alusión al sentido de propiedad privada de la niñez, viéndolas como objeto de derechos y no sujetos plenos de derechos. 
Paraguay:  se evidencia un sistema de salud en crisis  debido a su débil y precario funcionamiento, como también su limitada cobertura. Hay escasez de insumos, medicamentos y profesionales, y esta situación de crisis por la pandemia, incluso parece haber afectado la regularidad en la provisión de los servicios de salud generales y especializados, como los dirigidos a personas con discapacidad. Este momento sin precedentes y cargado de incertidumbres en diferentes planos afecta la salud mental, tanto de personas adultas como de niñas, niños y adolescentes. Desde la percepción de las personas referentes, se denotan altos grados de preocupación en las personas adultas, así como un número importante de niñas, niños y adolescentes tristes y preocupados. El cuidado y la atención de salud mental siguen estando en rezago al momento de brindar respuestas desde las garantías del Estado en cuanto a derechos humanos. Se han derivado diversos hechos: si bien los casos de suicidio no aumentaron pero sí se duplicaron los intentos de suicidio en este tiempo. La salud sigue limitándose a las cuestiones físicas, sin generar una mirada integral y preventiva en las comunidades.
Uruguay: preocupa la alta medicalización de las infancias y adolescencias. A modo de ejemplo, en 2019 el Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Uruguay en conjunto con el Grupo de Participación del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay,  generó una instancia de encuentro e intercambio con adolescentes sobre la atención en salud mental. Sus relatos y experiencias confirmaron la existencia de prácticas de medicación como respuesta frente a distintas situaciones. Todos y todas las adolescentes con quienes se dialogó plantearon que la función del psiquiatra era medicar, y que no fueron escuchados en ese proceso. Estas prácticas violan derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño, como por ejemplo: el derecho a la protección integral (artículo 3), el de interés superior (artículo 3, 9), o el derecho a estar debidamente informados (artículo 13, 17). Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se plantearon varios problemas en el sistema de atención en salud mental, como la falta de diagnósticos, de un acceso igualitario y de calidad para todos y todas, de perspectivas integrales y capacidades para la atención de crisis emocionales en los centros de atención en salud mental. Esta problemática como es de esperar, se recrudece con la aparición de la pandemia.Venezuela:  a nivel de salud, uno de los grandes problemas es que todo es “COVID-19”, los recursos que existen se han destinado a atender la pandemia y los demás asuntos se han descuidado, por ejemplo, vacunaciones y la atención de niñas, niños y adolescentes con patologías crónicas entre otras problemáticas.  



En términos de violencias
Argentina: El confinamiento trajo como consecuencia una menor protección ante situaciones de violencia, maltrato o negligencia tanto dentro de los hogares o contextos institucionales como fuera, lo que afectó especialmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza, movilidad humana y dispositivos de cuidado institucional. Las funciones de las oficinas locales del sistema de protección se han reducido y se ha producido una readecuación en las modalidades de atención que, en muchos casos, dificulta el acceso efectivo a los servicios. Las funciones de las oficinas locales del sistema de protección se han reducido y se ha producido una readecuación en las modalidades de atención que, en muchos casos, dificulta el acceso efectivo a los servicios. Urge garantizar la adecuada difusión y funcionamiento de estrategias remotas de denuncia. A esto se suma el accionar violento e ilegal de miembros de las fuerzas de seguridad, que tuvo como principales destinatarios a adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza. 
Brasil: Con el aislamiento social, se han reportado incrementos significativos en los casos de violencia doméstica, casos que muchas veces son silenciados porque ocurren en un ambiente privado. Por otro lado, se está reconfigurando la organización de la población sin hogar, ya que con el cierre de los centros comerciales se han alterado sus fuentes de ingresos, alimentación y condiciones de supervivencia y se ha visto incrementada la indefensión a la que estaban sometidas estas personas. En el estado de Río de Janeiro, a través de una decisión de la Suprema Corte Federal, se suspendieron las operaciones policiales en los barrios marginales durante el período pandémico, lo que se refleja en una reducción en el número de muertes producto de esta política represiva.
Chile: El sistema económico y social en Chile es violento y desigual,  generando inequidades sustantivas que han generado que niñas y niños se movilicen por sus derechos y sean reprimidos violentamente por Carabineros de Chile, sin respetar sus propios protocolos y mucho menos normas de derecho humano.  El deber del estado es garantizar la seguridad y la Paz a todos los ciudadanos del territorio, sin embargo es el mismo Estado el que vulnera estos derechos, militarizando zonas indígenas y violentando comunidades mapuches con montajes y declaraciones de autoridades que incentivan a una mayor violencia. Un accionar que no se ajusta  al derecho y mucho menos si se lleva a cabo contra adolescentes, como lo evidencian las gravísimas lesiones oculares, abusos y encarcelamiento a adolescentes junto a otras vulneraciones cometidas por fuerzas policiales.
Paraguay: Los hogares también son el centro de otra problemática: la violencia intrafamiliar. El imperativo de permanecer en las casas ha levantado la alerta sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas en sus hogares y, si bien es un tema no siempre abordado de manera explícita, se reconoce que son las mujeres rurales y las niñas, niños y adolescentes urbanos quienes se verían más afectados por esta problemática. Urge en esta materia fortalecer el sistema de prevención y protección, y generar los canales institucionales adecuados para que las respuestas efectivas lleguen a todas las personas. La violencia intrafamiliar hacia mujeres, niñas y niños sigue existiendo, aún en cuarentena y en pandemia. La normalización de estos hechos, y el contexto de encierro hacen que no se perciba su magnitud
Uruguay: preocupa el incremento de la violencia intrafamiliar, que tiene como principales víctimas a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes. Según datos del Observatorio de Niñez y Adolescencia del Uruguay, las víctimas de violencia doméstica menores de 18 años fueron para 2017 un total de 9.574, contabilizadas a través de las denuncias presentadas al Ministerio del Interior para ese período. La mayoría de las víctimas fueron mujeres (5.314 niñas o adolescentes). Además, el 64,3% tienen entre 0 y 12 años de edad. Con la pandemia, las situaciones de encierro llevaron al aumento de las situaciones de violencia en el hogar, que es la forma de violencia más común a la que se enfrentan niños y niñas. En un estudio realizado por Unicef con la Universidad de la República para conocer el impacto de la COVID-19 en los niños en Uruguay, el 26% de las familias declaró que aumentó la frecuencia de los gritos y el 18% los castigos hacia sus hijos. 
Venezuela: En el contexto de pandemia y confinamiento se han incrementado los casos de abuso sexual, pornografía infantil, explotación sexual, y de manera muy alarmante las agresiones físicas y psicológicas en el medio íntimo familiar, aumentando los infanticidios en niños y niñas de la primera infancia pero no hay respuesta oficial y articulada para estas graves violaciones de derechos, la tendencia es que las organizaciones de la sociedad civil están atendiendo los casos como mejor pueden hacerlo.
Virtualización de la vida cotidiana y entornos digitales
El traslado de instancias educativas y de socialización a plataformas virtuales y medios digitales, expone a las niñas, niños y adolescentes a nuevos territorios para las violencias, donde se convierten en las principales víctimas de la violencia en la web y las redes sociales. Los sistemas de protección integral deben generar de manera proactiva respuestas adecuadas a las nuevas violencias que transcurren en la virtualidad.
En lo referente a la alimentación.
En toda la región, debido a la crisis económica exacerbada por la pandemia, amplios sectores de la población han tenido que organizarse en torno a ollas populares para poder acceder a la alimentación básica. Además al verse interrumpida la asistencia presencial escolar, la alimentación de miles de niñas, niños y adolescentes se ha visto afectada, ya que es en los centros educativos  donde acceden a la principal comida del día. 
A modo de conclusión 
En América Latina el Covid-19 está generando un fuerte crecimiento de la pobreza. Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) unos 45 millones de personas que no eran pobres lo serán al finalizar el 2020. Además, se estima que la pobreza extrema aumentará en 4,5 puntos porcentuales, llevando a 28 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza extrema. Esta pobreza principalmente tiene rostro infantil. 
En medio de una recesión económica y crisis social de escala planetaria,  la inversión pública en políticas sociales es más que nunca necesaria.
En ese sentido, es vital un fuerte compromiso de los estados  para que los sistemas de promoción y protección de la niñez y adolescencia en la región funcionen de forma articulada, contando con financiamiento adecuado, haciendo las reformas impositivas necesarias para afrontar las necesidades que esta crisis presenta,  respetando los procesos sociales y no dependan su accionar de los gobiernos de turno. Así también, siguiendo los principios de la corresponsabilidad, es necesario asegurar la participación y el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil y de los niños, niñas y adolescentes  para articular e incidir en  mejora de la política públicas públicas que redunden en la garantía, defensa, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
La atención adecuada  a las infancias y adolescencias deben ser prioridad.
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