Fuente: Caleidoscopio humano. – Por Francisco González  Un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó en evidencia que el tráfico de niños, niñas y adolescentes, es un problema en auge en Latinoamérica.

Venezuela, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa, figura como el principal puente para el tráfico infantil en el mundo.

La migración forzada venezolana, que ha dejado a millones de niños y niñas sin sus padres y madres, ha creado un ambiente idóneo para las mafias de tráfico de niños, niñas y adolescentes (NNA).

NNA solos, cuidados por terceros, o bajo custodia de amigos o vecinos se convierten en blancos fáciles para la industria de la pornografía infantil, la explotación sexual de menores y el comercio de órganos.

Desde 2017 y hasta 2023, la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (FUNVENIDES) ha documentado al menos 160 casos de niños, niñas o adolescentes, víctimas de redes delictivas.

La misma organización ha comprobado la existencia de redes de tráfico en Táchira y en Carabobo.

Los NNA son vendidos a los clientes de la mafia con documentación falsa, emitida por funcionarios del Estado cómplices del delito.

Europa y Estados Unidos son los principales destinos de las jóvenes víctimas, que son vendidas a depravados sexuales y pedófilos.

Las infancias de las periferias de las ciudades y de las zonas rurales son las más vulnerables.

En el interior de la selva amazónica venezolana, se han documentado decenas de casos de trata de niñas indígenas que, al no estar ceduladas, presentan obstáculos en el proceso de búsqueda de justicia.

El Estado venezolano le ha fallado a las personas mayores al negarles pensiones dignas, a los adultos al negarle empleos que les permitan desarrollarse profesionalmente, a los jóvenes destruyendo sus universidades y a los niños y niñas del país, quienes lo único que tienen seguro en Venezuela, es una infancia incierta. 

Los niños, niñas y adolescentes son quienes más sufren frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); pues, al no contar con acceso a la salud, garantía de educación, a programas culturales o de entretenimiento y a un ambiente sano, son aún más vulnerables. 

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