“Cuatro mujeres embarazadas han fallecido desde que se otorgaron las medidas de protección urgentes para la Maternidad Concepción Palacios”. Con esta frase lapidaria, se inició el tercer ciclo de intervenciones de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Este 9 de mayo, el organismo lleva adelante su 172 periodo de sesiones y decidió revisar ocho medidas cautelares que el Gobierno venezolano debe cumplir. Entre ellas se encuentran la dada a la principal maternidad del país.

Para exponer la situación en el centro de salud, Moraima Hernández, parte de la Sociedad  Médica de la Maternidad Concepción Palacios, tomó la palabra. Aseguró al inicio de su discurso que trabaja ahí desde hace 18 años.

Además del saldo de mortalidad materna, Hernández expuso también la de los neonatos: en lo que va de 2019, 47 bebés han muerto en la Concepción Palacios. “Esto significa que cada 48 horas muere un niño”, dijo.

¿Hace cuánto se otorgó la medida cautelar? La Cidh ordenó la protección a los pacientes de la maternidad caraqueña el 19 de marzo de 2019.

“La inacción del Estado ante estas medidas se traduce en aumento de muerte de pacientes y neonatos”, manifestó la representante seleccionada por cinco organizaciones civiles venezolanas que hacen seguimiento a la emergencia humanitaria compleja en el país. (Cepaz, Mujeres en Línea, Avesa y Freya, reunidas en la Red Equivalencias en Acción; y la organización internacional Women’s Link Worldwide)

Otros casos

Desde Kingstone, Jamaica, donde se realiza el 172 período de sesiones, entre el 3 de mayo y el 10 de mayo, se revisaron otras siete medidas cautelares:

70-19 Otorgada a Juan Guidó y su familia. Posteriomente se extendió a Roberto Marrero y Sergio Vergara.  Fecha:  25 de enero de 2019.

83-19 Otorgada al sargento mayor de la GNB Luis Bandres Figueroa. Fecha:  28 de febrero de 2019.

102-19 Otorgada al teniente Luis Mogollón Velásquez. Fecha: 7 de marzo de 2019.

115-19 Otorgada a los coroneles Oswaldo García Palomo y Romel
Acevedo Montañez; al primer teniente Alberto José Salazar Cabañas, al sargento Miguel Ambrosio Palacio y a Antonio Labichela Barrios. Fecha:  19 de febrero de 2019.

178-19 Militares y civiles detenidos en la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fecha:  21 de marzo de 2019.

181-19 Indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay”. Fecha:  28 de febrero de 2019.

250-19 Otorgada a Luis Carlos Díaz y su familia. Fecha:  29 de marzo de 2019.

Ninguna de estas disposiciones de la Cidh se ha acatado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Específicamente, uno de los expositores para ejemplificar la omisión del Estado fue Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela:

“Las medidas otorgadas a mi esposo y a mí no se han acatado. Somos acusados de terroristas, de violar la Constitución. Han utilizado la persecución jurídica en contra de mi esposo. Allanaron su inmunidad parlamentaria. Incluso han llegado a decir que la cárcel es poco para él, que se merece el paredón”, indicó Rosales.

 

Fuente: Efecto Cocuyo

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