Un nuevo informe se cierne sobre el Estado venezolano. Este 14 de julio, se publicó el segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michel Bachelet. En él destacó las condiciones de los niños, niñas y adolescentes en las zonas mineras del país.

En esta oportunidad, el documento se centró sobre el derecho al acceso a la justicia y las violaciones de derechos humanos relacionadas con la minería. En ese contexto,  es la primera vez que la Alta Comisionada posa sus ojos sobre la violencia que sufre la población infantil en estados como Bolívar, debido a la actividad de la extracción de oro.

«En varios testimonios se dio cuenta del fuerte aumento desde 2016 de la prostitución, la explotación sexual y la trata en las zonas mineras, incluso de niñas adolescentes», menciona el informe.

Esta frase forma parte de la vulneración de las mujeres, niñas y adolescentes. Menciona Bachelet que las mujeres no solo se dedican al comercio ilegal en las minas o en la extracción. También son víctimas de la prostitución que se organiza en pueblos cercanos a los puntos de extracción de oro o minerales.

«Se informó al ACNUDH de que en las zonas mineras había niños y niñas de hasta siete años, a menudo no acompañados, en situación de vulnerabilidad ante diversas formas de explotación. Las mismas fuentes señalaron que niños y niñas de tan solo nueve o diez años trabajaban en las minas», alertó.

El ente expuso que según el Gobierno, en 2019, en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, para la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84
homicidios por cada 100.000 habitantes.

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¿Cómo afecta esta violencia a la población infantil? Las bandas criminales y los elementos armados usan la violencia para ejercer control. Se relata en el informe que una forma de castigo es el asesinato y que el ACNUDH tuvo conocimiento de dos adolescentes asesinados por bandas criminales que los acusaron de ser agentes infiltrados de otro grupo.

También conoció del caso ocurrido el 22 de noviembre de 2019, cuando miembros de una banda atacaron con armas de fuego la comunidad de Ikabaru, del estado de Bolívar. Ese ataque provocó la muerte de ocho personas, entre ellas un indígena pemón, un adolescente y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana.

Para 2018, Cecodap había registrado el impacto de la minería en la población de niños, niñas y adolescentes. Se destaca en el Informe Vulneración de los derechos de los NNA en frontera y zonas mineras 2018 cómo esta población vio trastocada su vida a partir de una dinámica central en las relaciones de las personas en el sur del país.

Trata de personas

Otro punto tocado por la Alta Comisionada fue la esclavitud moderna. Dice que recibió información sobre presuntos casos de trata de personas, inclusive de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, que eran llevadas a Trinidad y Tobago y Curaçao. En junio de 2019 y el 20 de febrero de 2020, varios familiares de personas desaparecidas denunciaron su desaparición ante el Ministerio Público, pero las investigaciones para dar con su paradero y descubrir la presunta existencia de redes de trata han avanzado poco.

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El presente informe se basa en información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluyendo en entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes.

Cecodap

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