Los niños afectados por el terremoto en Venezuela están atrapados entre el desastre, la incertidumbre y un sistema de protección frágil
FUENTE ORIGINAL: GLOBALVOICE / LA VIDA DE NOS
Este artículo se publicó originalmente en La Vida de Nos el 5 de julio de 2026. Global Voices reproduce una versión editada como parte de un acuerdo editorial. El informe incluye la investigación de campo de Angélica Lugo, Gabriela Rojas y Mariana Souquett. Es parte de la serie “Los niños del terremotod”, producido por La Vida de Nos en colaboración con Monitor de Víctimas y Tal Cual.
La Torre Residencial Caribe, en Caraballeda, estado de La Guaira, ya no es un edificio. Ahora es una montaña de concreto debajo del cual pueden seguir atrapados Aron y Aranza Mendoza Orias, mellizos de 13 años. La última vez que se supo de ellos estaban en su apartamento con su madre, Yesenia Orias.
Eso fue antes de los terremotos. Ahora se desconoce su paradero.
Ariari Mendoza, esposo de Orias y padre de los mellizos, no ha parado de buscar. Camina por los escombros, hace preguntas y excava por los escombros hasta con sus manos si es necesario. Parientes y amigos se han unido a la búsqueda porque la asistencia del Gobierno ha sido limitada. Cuando los equipos de rescate llegan, a menudo no tienen maquinaria pesada para abrirse camino a través del concreto colapsado.
El 27 de junio, tres días después de los terremotos, lograron llegar a dos habitaciones del apartamento, pero no encontraron señal de los menores. Como no había olores que indicaran que había muertos, tienen la esperanza de que los mellizos hayan escapado o que sigan vivos.
En Caracas, Andrés García, de 37 años y primo de los mellizos, también está buscando. Su mayor preocupación es que Aron es autista. Si alguien lo encuentra vivo pero asustado y desorientado, tal vez no pueda decir quién es o de dónde viene.
Los mellizos están entre los 3.9 millones de niños y adolescentes que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que viven en las zonas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Según la Convención de los Derechos del Niño y la ley orgánica para la protección de niños y Adolescentes (LOPNNA) de Venezuela, tienen derecho a protección especial.
Andrés García, muestra la foto de sus primos Aron y Aranza Mendoza Orias. Foto de Angelica Lugo, 2026. Usada con autorización.
Los terremotos afectaron severamente la oficina del Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) de La Guaira, ente responsable de salvaguardar los derechos de los niños. Los cinco funcionarios de la oficina sobrevivieron, aunque uno está herido y otros han perdido parientes o amigos cercanos.
Tres días después del desastre, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) de Venezuela emitió instrucciones de emergencia para todo el sistema de protección infantil. Al día siguiente, abrió una oficina temporal en ¿La Guaira, donde tres funcionarios protección activos retomaron sus operaciones al lado de otras agencias estatales y organizaciones internacionales.
Sin embargo, un informe de las ONG Cecodap y REDHNNA revelaron que, aunque el sistema de protección infantil mantenía una capacidad de respuesta básica, ayuda a evitar una crisis de protección generalizada al 2 de julio, también expuso grandes debilidades, como coordinación fragmentada entre agencias y falta de protocolos para desastres preestablecidos.
“La emergencia dejó al descubierto brechas significativas”, dice el informe. “La posible necesidad de relajar la jurisdicción territorial, desplegar funcionarios de protección de otras municipalidades, emitir medidas fuera de su autoridad normal y depender de mecanismos legales excepcionales sugiere que el marco de trabajo existente del sistema de protección infantil no da respuestas claras ni rápidas para desastres a gran escala”.
En el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, el personal improvisó un método surgido de la necesidad: fotografiaron a los niños rescatados y, si podían hablar, les pedían información básica: nombre, nombres de los padres y dónde los habían encontrado. Entonces escribían esos detalles en el brazo del menor con marcador permanente, ante la incertidumbre de que otros registros pudieran resistir el caos.
En ese momento, no había protocolo claramente entendido que seguir. Cuando se les preguntaba cómo sabían qué debían hacer, un trabajador del hospital dijo que dependían sobre todo el sentido común. La única instrucción firme que recibieron fue no entregar a ningún niño a menos que quien lo recoja pueda probar, con documentos, que son parientes.
El 27 de junio, tres días después de los terremotos, IDENNA anunció la activación de un protocolo de emergencia para protección a nivel nacional. Una de sus principales medidas es «jurisdicción universal y concurrente», que prohíbe que las instalaciones de salud públicas y privadas demoren o nieguen atención médica a menores sin documentos de identificación o que no estén acompañados de un tutor legal.
Para ayudar a reunir a las familias y reducir la información equivocada en medios sociales, el IDENNA también ordenó que toda información de identificación y médica de los menores se enviara a su oficina central en el término de 12 horas, para crear una base de datos unificada para ubicar a niños perdidos y reconectarlos con sus familias.
La carrera para reunir familias
Voluntaria en campo de desplazados en Parque del Oeste, Caracas, Venezuela registra a las personas en el campo. Foto de María de los Ángeles. Usada con autorización.
Una nota publicada en el departamento de emergencias del Hospital Vargas de Caracas el 28 de junio resumía un claro protocolo. Cualquier caso relacionado con un menor debía referirse directamente al IDENNA y al Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que tenían personal asignado a la unidad de emergencia pediátrica. En ese momento, el personal del hospital y los funcionarios municipales informaron que estaban atendiendo a cinco niños en ese centro.
Al día siguiente, los muros exteriores de las salas de emergencia del Hospital Pérez Carreño estaban cubiertos de listas escritas a mano de personas desaparecidas y pacientes atendidos tras los terremotos. Entre la multitud, funcionarios del Consejo de Protección de Menores estaban ahí pero no quisieron hablar con la prensa. Un trabajador del IDENNA dijo que habían atendido a 24 menores en el hospital y que todos estaban acompañados por sus padres o tutores legales.
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La atmósfera era más silenciosa en el Hospital Universitario de Caracas, donde unos cuantos afiches de personas desaparecidas incluían códigos QR con enlaces a la base de datos del Ministerio de Salud de pacientes bajo tratamiento. No había funcionarios del Consejo de Protección de Menores en el hospital.
El departamento de emergencia pediátrica dijo que no había menores solos, aunque un médico de la unidad de cuidados intensivos dijo que la adolescente Yasbelis Daniela Cortez González, cuyo nombre no aparece en la base de datos de pacientes del Ministerio de Salud, estaba sin sus padres.
El médico, que pidió que no lo identificaran por temor a represalias, dijo que tiene la esperanza de que su familia pueda encontrarla.
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“Durante años, la capacidad de la administración pública se ha estado deteriorando”, dice Lily Torres, presidente de la Asociación Nacional De Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (Asonacop), “y una crisis como esta solo aumenta esas debilidades exponencialmente”.
Señala las antiguas deficiencias en los consejos de protección del menor antes del desastre: suministros de oficina limitados, equipos sin personal suficiente y unidades multidisciplinarios incompletos, los psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas que deben ayudar a los funcionarios de protección en su trabajo diario.
En response, las ONG Cecodap y REDHNNA recomendaron crear un sistema de nacional de coordinación de emergencias para evitar que las respuestas dependan de la improvisación. Proponen una plataforma permanente en la que IDENNA, los consejos de protección del menor, fiscales, cortes, autoridades de salud y organizaciones de la sociedad civil puedan seguir procedimientos, intercambiar información y coordinar la reunificación familiar.
Las organizaciones también destacan que la información es parte de la protección del menor. Piden sistemas oficiales de verificación y actualizaciones frecuentes para reducir la información equivocada y evitar mayores riesgos.
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