En enero de 2020 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la aprobación de recursos para 100 nuevas escuelas e informó sobre la expansión del 6% de la matrícula escolar, afirmando que hay 10 millones de inscritos en el sistema educativo. Sin embargo, gremios docentes y organizaciones que monitorean el desempeño del sistema de enseñanza, evidencian un incremento del ausentismo escolar, renuncia y abandono de los cargos de, al menos 100.000 docentes, y disminución notoria de la matrícula en los distintos niveles educativos.

Desde inicios del año se mantienen protestas de profesionales del sector educativo en distintos lugares del país por los bajos salarios que reciben y las deplorables condiciones en las que se encuentran las escuelas. De hecho, más de 40 % de docentes han emigrado debido a que el salario no les alcanza para garantizar la manutención de su familia.

Salones maltrechos y sin estudiantes

Los niveles de ausentismo y deserción escolar son tales que, en algunas zonas del país, la matrícula no alcanza el 20% de la población en edad de estudiar. La Unidad Democrática del Sector Educativo, afirmó que la exclusión escolar en Venezuela había llegado a un 50% en 2019.

Entre las principales causas que afectan la asistencia a la escuela se encuentran: Falta de alimento en los hogares y fallas notorias del programa de alimentación escolar (PAE) para el sustento de NNAFalta de implementos educativos (cuadernos, lápices, libros), de ropa apropiada para ir a clases e, incluso, de calzado en buen estadoMal funcionamiento de los servicios básicos, falta de transporte público, falta de combustible o escasez de dinero en efectivo necesario para cancelar el costo del pasajeNNA dejan de ir a clases porque deben trabajar para colaborar con la manutención familiar

Han ocurrido robos y vandalismo en centros educativos públicos y privados en los estados Aragua, Vargas, Trujillo y Distrito Capital. En varios de esos hechos, las escuelas quedan inhabilitadas para continuar prestando sus servicios y no cuentan con recursos necesarios para reparar los daños sufridos o adquirir los equipos o insumos deteriorados o robados.

Los centros de educación especial públicos y privados no escapan de esta dura realidad y luchan para seguir prestando servicio con un déficit del 60% de personal, baja remuneración para docentes y equipos de apoyo y precariedad en su dotación e infraestructura, pese a la promesa del 100% de atención que declara el Plan de la Patria 2019-2025.

¿Aprender a distancia?

El 13 de marzo, al anunciar la existencia de los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela, Maduro decretó la suspensión de clases presenciales “hasta nuevo aviso” en todos los niveles de educación, para prevenir el contagio del coronavirus en las aulas. Esta medida tomó por sorpresa a directivos y docentes de los centros de educación públicos y privados que debieron definir una estrategia de contingencia rápida para acatar el mandato sin perder la continuidad en la programación escolar.

Aunque se exigió a los docentes continuar con el horario hasta las 3:00 de la tarde, con miras a dar continuidad al programa de alimentación escolar, en muchos de los planteles ya no estaba en funcionamiento el comedor estudiantil, ni había materiales o servicios de electricidad y agua para poder atender a alumnas y alumnos. Tampoco se garantizaba la seguridad suficiente para evitar el contagio o atender la enfermedad en caso de presentarse.

A pesar del exhorto desde la sociedad civil al Ministerio de Educación para que revisara de una manera realista y ajustada al contexto nacional y global, sus expectativas de concretar los objetivos académicos para el año en curso, este órgano decidió continuar el cronograma escolar con un programa de Educación a Distancia que llamó “Cada Familia Una Escuela”, el cual recibió serios cuestionamientos por parte de especialistas y docentes e, incluso las propias madres, padres y representantes, quienes afirmaron no tener la formación ni las herramientas para asumir responsabilidades educativas. Además, denuncian que el plan de clases a distancia así creado, es improvisado, no tiene criterios pedagógicos y no tiene viabilidad en un país donde el 80% de los estudiantes no tiene acceso a computadores personales, ni tienen televisores o teléfonos inteligentes. 6,5 millones de NNA (esto es, el 56% de la población estudiantil de los niveles básicos, medio y diversificado) no cuentan con acceso a telefonía o internet y, quienes sí lo poseen, sufren frecuentes interrupciones debido a la baja calidad de los servicios disponibles o a fallas eléctricas.

Pero… No todo está perdido

A pesar de la falta de recursos, las condiciones precarias y pese a muchos factores que deterioran las capacidades y recursos de las instituciones educativas; aún en medio de la emergencia humanitaria que vivimos, agravada ahora con el COVID-19, hay iniciativas relevantes orientadas a defender el derecho de todos los NNA a una educación inclusiva y de calidad. En varias Gobernaciones del país, las autoridades públicas han presentado propuestas para atender a la emergencia COVID en materia educativa. Las organizaciones que agrupan a colegios privados exhortan a sus afiliados a no incrementar el costo de la mensualidad. Los centros educativos de AVEC idean estrategias para mantener la educación de los niños y niñas que no cuentan con acceso a internet y Fe y Alegría dicta clases por WhatsApp y por radio. Las comunidades de salesianos atienden necesidades educativas específicas en zonas indígenas y rurales. Escuelas municipales de Táchira idean estrategias para mantener la educación de los niños y niñas que no cuentan con acceso a internet. El PAE, con el lema “En Cuarentena el PAE Somos Todos” ha atendido a 332.519 estudiantes en los 18 municipios del estado Aragua.

Hay muchas razones para mantener la esperanza si defendemos y protegemos con acciones el derecho a la educación y al desarrollo de NNA en Venezuela.

Reportaje elaborado por la Red de derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes
Edición y producción a cargo de Caleidoscopio Humano
Gracias al apoyo de Tejiendo Redes de infancia, con el apoyo de la Unión Europea para América Latina