A partir de una consulta efectuada entre julio y septiembre de 2019, a 8.375 hogares en toda Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos (WFP en inglés) estima en su reciente reporte, que 2,3 millones de personas (7,9% de la población) se encuentra en inseguridad alimentaria severa, mientras que otros 7 millones (24,4%) están en inseguridad alimentaria moderada. Es decir 32,3% de la población venezolana (1 de cada 3 personas) no accede ni puede adquirir sin asistencia los alimentos necesarios en cantidad y calidad para satisfacer sus requerimientos nutricionales.
Aunque la ONU estima que casi 3 millones de personas recibieron alguna ayuda en el último año, especialistas señalan que buena parte de la población ha agotado sus recursos y estrategias para adquirir por sus propios medios los alimentos de la dieta básica, valorada al cierre de 2019 en US$ 271, o 107 salarios mínimos para el momento (40.000 VES). El gobierno inició el 2020 aumentando el salario en más del 500% (250.000 VES), lo que es apenas equivalente a US$ 6,7 al mes.
En el informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin” presentado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) consta que el programa de asistencia alimentaria promovido por el gobierno, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), no cubre las necesidades nutricionales de los venezolanos en general, ni de NNA en particular. No es eficiente en la frecuencia, cantidad ni calidad de los alimentos distribuidos. Además, es empleado como herramienta de cooptación política y, quizá por ello, no se distribuye entre menores de edad.
Paralelamente, muchas familias sufren obstáculos para preparar y consumir los alimentos en las mínimas condiciones de salubridad, debido a las limitaciones en el acceso a gas doméstico y constantes fallas en el suministro de agua potable. Estas fallas y la inseguridad social, afectan también al Programa Alimenticio Escolar (PAE). Hay zonas en las que son robados los alimentos de colegios que cuentan con el PAE y son vandalizadas sus instalaciones. Esto se repite en otros espacios comunitarios que ofrecen servicios de alimentación.
Los riesgos del hambre
A pesar del esfuerzo de ONG venezolanas y organismos internacionales, solo en febrero se contabilizaron en los estados Amazonas y Delta Amacuro 840 NNA bajos de talla y peso, mientras que 640 estaban en riesgo de desnutrición. En Delta Amacuro, 13 bebés warao (0 a 11 meses de edad) sufren de desnutrición. Docentes de distintas localidades del país han denunciado grados de desnutrición de niñas y niños.
Los riesgos asumidos para compensar el hambre, terminan en algunos casos con graves consecuencias. En marzo se reportó la muerte de una niña y su abuela por consumir ñame silvestre.
La inseguridad alimentaria incrementa la vulnerabilidad de NNA y se ha convertido en motivo cada vez más frecuente de privación de los cuidados parentales, maltrato infantil y de formas de sexo transaccional (por hambre, a cambio de comida) como una estrategia de sobrevivencia.
Alimentación en cuarentena
Fe y Alegría, junto con la Asociación Venezolana para la Educación Católica (AVEC), planificaron la atención alimentaria de NNA en el marco de la pandemia y la cuarentena que obligó a la suspensión de clases. Sin embargo, la falta de gasolina ha impactado en el precio y disponibilidad de los alimentos para su preparación y distribución. Similarmente, para un número importante de familias, no ha sido opción respetar la cuarentena, pues la posibilidad del contagio pierde relevancia ante la probabilidad del hambre.
Alrededor del 1% de migrantes venezolanos en la región andina se han visto forzados a retornar debido a las condiciones de alta vulnerabilidad que padecen en los países receptores, donde no cuentan con trabajo formal, medios para adquirir comida, refugio o asistencia, lo que se ha agravado por efecto de la pandemia y el subsiguiente confinamiento. La mayoría de ellos han huido del hambre y enfrentan a su regreso peores condiciones que aquellas que los obligaron a partir.
Venezuela mantiene una deuda en el cumplimiento de las metas globales para reducir las tasas de anemia en mujeres en edad reproductiva, bebés con bajo peso al nacer, diabetes y obesidad en hombres y mujeres. También presenta rezagos en la recopilación y difusión de datos que den cuenta de estos problemas. De hecho, el país no se incluye en el Reporte global de nutrición en el contexto del COVID-19, debido a que las cifras más recientes en varias de las metas evaluadas datan de 2009.
Reportaje elaborado por la Red de derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes
Edición y producción a cargo de Caleidoscopio Humano
Gracias al apoyo de Tejiendo Redes de infancia, con el apoyo de la Unión Europea para América Latina
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