Por Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

Datos de migración desde Colombia dan cuenta del éxodo de la población joven venezolana en los últimos años. Un indicador duro es que el 38% corresponde a menores de 18 años. En términos absolutos representa unos 356 mil niños y adolescentes venezolanos en Colombia.

95 mil 908 han sido atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de ellos 67 mil entraron de manera irregular en el país, 1 mil 102 están en el Sistema Penal de Responsabilidad por estar incursos en algo hecho punible. 

Riesgos que acechan a los niños y adolescentes que migran

La migración es un derecho y como tal debe ser reconocida y no estigmatizada; pero cuando no se programa, es forzada y no se toman las medidas de protección requeridas los riesgos son muchos:

Falta de documentación completa y/o actualizada aumenta exponencialmente la vulneración y los peligros.

Violencia de todo tipo, especialmente a las niñas y adolescentes que clandestinamente cruzan por las trochas.

Explotación laboral, sexual, trata, uniones tempranas.

Reclutamiento por grupos delictivos o irregulares.

Deterioro de las condiciones de alimentación y salud preexistentes por el impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja en el país, no contar con el esquema de inmunizaciones.

Desarraigo, discriminación, xenofobia. 

Imposibilidad de acceder a un nivel de vida adecuado.

Las escuelas son claves

El acceso al sistema educativo constituye un elemento esencial para la integración de los niños y adolescentes. En tal sentido hay que celebrar la resolución del Ministerio de Educación que posibilita el registro de los venezolanos aún sin contar con la debida documentación. Ello hizo que la matrícula pasara de 34 mil a 356 mil en el año escolar 2020.

Nos tenemos que preguntar: ¿dónde están los 210 mil niños y adolescentes restantes? Imaginamos que en las calles, en sus casas, desarrollando estrategias de supervivencia. Es una población con un riesgo mayor.

A pesar de lo importante de esta resolución ministerial, en la práctica se evidencia que los directivos y docentes deben ser sensibilizados para comprender, acompañar y facilitar la incorporación efectiva de los estudiantes provenientes de nuestro país. Hay una brecha cultural que saldar, costumbres, tradiciones, conocer la historia, geografía, modismos que requieren un esfuerzo mayor de nuestros niños que llegan, en buena parte de los casos, con meses sin estudiar.

No basta con abrirles las puertas de las aulas; hay que apoyarlos con programas de nivelación y adaptación.

La pandemia lo ha hecho más difícil

Las escuelas cerradas por efectos del Covid-19 privan a la población de migrantes de los sectores más pobres y excluidos de un espacio para la socialización, complementación alimentaria, chequeo de salud, protección de las violencias, que pueda hacer una diferencia hacia su inclusión. La mayoría de los migrantes venezolanos se encuentran entre el 70% de la población que espera el reabrir las escuelas para retomar sus estudios ante las limitaciones para acceder a la modalidad de educación a distancia.

En este mes mundial de los derechos de la niñez hay que celebrar que desde el gobierno de Colombia se haya reconocido a miles de niños venezolanos nacidos en Colombia amenazados por su condición de apátridas; sin embargo, a todas esas medidas hay que hacerles un seguimiento para que lleguen a todos los niveles de gobierno, organismos y comunidades. Igualmente no amparan a todos los niños venezolanos que están en territorio colombiano.

El 26 de noviembre Cecodap arriba a sus 36 años promoviendo y defendiendo los derechos de la niñez y adolescencia. Hacemos votos por el casi un millón de niños y adolescentes “dejados atrás” por padres que migraron buscando mejorar sus condiciones de vida, como por esos casi 600 mil que están en Colombia. Recordando que los niños migrantes no pierden la condición de niños y por lo tanto sus derechos. En los 90 nos tocó reivindicar los derechos de los niños nacidos en Venezuela de padres colombianos contra quienes querían limitarle el acceso a los servicios sociales básicos y su documentación; hoy seguimos abogando por los nuestros, estén donde estén.

Efecto Cocuyo