Juan lleva dos años sin asistir al colegio por no encontrar cupo en escuelas de educación especial

Marina Torrealba, psicopedagoga especializada en educación especial, recuerda que todos los niños y niñas con discapacidad pueden estudiar en escuelas regulares, por lo que las instituciones educativas que no lo hagan violan los derechos de esta población

Crónica Uno

(10-06-2024) Juan, un adolescente de 15 años, no puede asistir a la escuela desde hace dos años. Cuando culminó sexto grado, la directiva le dijo a Mary, su madre, que lo mejor para su hijo era continuar sus estudios en un colegio de educación especial.

Juan tiene hemiparesia espástica derecha, una condición médica que se caracteriza por la imposibilidad de relajar los músculos, o mantenerlos rígidos en la mitad del cuerpo. En este caso, el derecho.

En ese entonces (2022), la psicóloga de la institución le hizo una evaluación que tuvo como resultado la sugerencia de un plantel educativo privado. Para ella no fue posible, debido a que solo el costo de la mensualidad eran 400 dólares que no podía costear.

Mary visitó al menos tres instituciones educativas públicas. Pero en ninguna tuvo suerte.

“En una de ellas me dijeron que él podía asistir a un colegio regular. Yo les dije que se pusieran de acuerdo porque me tenían de allá para acá”, dice.

Asegura que el proceso para encontrar cupo para su hijo ha sido “tedioso y agotador”, puesto que durante cada búsqueda, la esperanza de escuchar que su hijo podrá seguir estudiando se apaga ante las negativas que en ocasiones parecen excusas.

“A lo mejor habrá alguna  institución que pueda ayudar a los niños con estas condiciones, pero parece que los profesores no están capacitados. En algunas me han dicho inclusive que no lo reciben por esa misma razón”, expone.

Marina Torrealba Andara, psicopedagoga especializada en educación especial, ve con preocupación que no hay suficientes instituciones capacitadas para recibir a niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos de discapacidad.

“Lamentablemente no las hay, y las que hay son muy escasas o privadas de alto costo. No tenemos instituciones que arropen a esta población que lamentablemente está flotando y tiene que quedarse en casa. Donde sus padres están buscando actividades alternas que no los llenan. Esta población puede continuar estudiando adaptando la parte curricular, pero no hay ni siquiera docentes preparados para ello, por lo que lo más cómodo para esos centros educativos es no aceptarlos“, indica.

Acota que falta disposición por parte de algunas escuelas regulares que estén dispuestas a recibirlos.

Derechos vulnerados

Según el artículo 103 de la Constitución, toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado.

“La ley ampara la educación especial en Venezuela. La Lopnna y la Convención de Derechos del Niño establecen que esta población puede formar parte de escuelas de educación regular, por lo que todos los niños y niñas con discapacidad pueden participar en estas escuelas. Los colegios y liceos tienen el deber de aceptarlos“, aclara.

La especialista recuerda que las instituciones que no lo hagan violan los derechos de esta población. En el caso de Juan, Torrealba apunta que su condición no le impide estudiar en una institución educativa de educación regular, con las adaptaciones curriculares necesarias.

“Las instituciones privadas que generalmente tienen un costo muy elevado, hacen campañas mostrando que inscriben niños con necesidades especiales, pero solo aceptan dos o tres en el aula“, destaca.

En cuanto a la capacitación de los educadores, asevera que deberían estarlo. Por otra parte, subraya que en ocasiones, hay negación a la adaptación de los programas.

“En el caso de Educación Física, si el estudiante está en silla de ruedas, este profesor debe modificar el programa para que cubra esa área, sin tener que hacer estos ejercicios. Eso es un esfuerzo que a veces no están dispuestos porque se debe trabajar el doble“, ejemplifica.

Recomienda a los representantes que estén pasando por situaciones similares acudir a todos los organismos correspondientes, como zonas educativas, Ministerio de Educación u organizaciones como Cecodap, que brindan orientación.

Una travesía

Durante la búsqueda, Mary logró conseguir cupo gracias a una vecina en una escuela de su comunidad (municipio Baruta). El resultado no fue positivo, pues Juan, quien en ese entonces tenía 13 años, tuvo un retroceso.

“Empezó a tener problemas que lo llevaron a dejar de controlar esfínteres. Se hacía pupú y pipí encima. No sé si por imitación. Por eso decidí sacarlo”, dice.

Tras la decisión, el rechazo y las recomendaciones de otras madres que le decían que no fuera a determinadas instituciones fue constante.

“Sabe cómo son las mamás. Si me decían algo malo, por supuesto que no lo iba a llevar ahí”, argumenta.

En 2023, las recomendaciones la llevaron hasta una escuela de educación especial pública ubicada en la avenida Rómulo Gallegos. No obstante, hasta la fecha espera por la llamada con la noticia de la admisión de Juan.

“Una vez fui porque supe que había cupo, pero al llegar me dieron solo excusas, me dijeron que no dependía de ellos y que llamarían. Sigo esperando”.

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación dicta que debe garantizarse el acceso al sistema educativo a las personas con necesidades educativas o con discapacidad, mediante la creación de condiciones y oportunidades. Hasta ahora, ninguna institución educativa regular, o especial, ha garantizado la educación de Juan. Tampoco su derecho a la educación.

Mientras tanto, el estudiante se mantiene en casa, donde su mamá le pone algunas actividades y tareas. Pero Mary sabe que no es suficiente.

“Él me dice que quiere ir al colegio como sus amigos e insiste en decirme que cuándo va a ir. Lo que más quisiera es que pueda entrar a estudiar”, expresa.

Sin garantías

Una de las alternativas que busca es la posibilidad de conseguir apadrinamiento por parte de alguna persona o institución que permita la educación de Juan en un colegio especial.

“Eso es lo que quiero para él. Mi mayor deseo es que pueda no solo ir al colegio, sino que pueda formarse en algo que le permita ser independiente. Quiero que pueda estar preparado para el momento en el que ya no podamos estar con él”, manifiesta.

La hemiparesia no es la única condición clínica de Juan. También tiene quistes en el cerebro, que los médicos describieron a Mary como “racimos de uvas”, y crisis convulsivas que empezaron cuando tenía tres meses y medio de vida.

“Por eso no pude seguir trabajando. En los empleos me decían que era mentira, o me instaban a renunciar porque yo tenía que ausentarme muy seguido”, sostiene. Y lo hizo, ya que desde ese entonces decidió dedicarse a su hijo a tiempo completo.

“Hice todo lo que me decían: Le puse bótox, lo llevé a hacer terapia con delfines, hizo muchas terapias. Pero llegó un momento en el que llevarlo a todo lo que requería era difícil de costear”, señala.

Por su situación económica, Juan no puede asistir a todas las terapias que necesita. Tampoco adquirir todos los medicamentos que debe tomar.

“Yo no recibo ayuda de familiares. En casa solo somos Juan, su papá y yo”, manifiesta.

De acuerdo con el informe publicado por Hum Venezuela en 2023, 61,6 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años se encontraba en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo.

“El abandono escolar y la no escolarización se han convertido en problemas recurrentes y cada vez más graves por causas atribuibles al sistema educativo, sumados a la pobreza económica de los hogares”, dice el informe.