La revisión que presentamos se refiere a noticias publicadas en medios informativos venezolanos sobre casos de criminalidad asociada con adolescentes. Como en muchas otras materias, sobre este tema no existe información oficial en el país. El documento más reciente sobre participación de adolescentes en la comisión de delitos data de 2018 cuando el Tribunal Supremo de Justicia informaba en un breve boletín la situación de 8.346 adolescentes judicializados, de los cuales el 14% había sido privado de libertad.

A continuación, se expone información recabada entre enero y abril de 2020, sobre adolescentes víctimas y victimarios de delitos.

Víctimas y victimarios

Algunas noticias se refieren a delitos que ocurren en el ámbito familiar, como el caso de un joven (15) detenido por la policía de Miranda, acusado por su madre de haber herido a su padrastro con un arma blanca; o el de una joven (16) que, junto a otras tres mujeres, fue detenida en Caracas por maltrato físico y verbal a una bebé (2 meses). Estas agresiones fueron grabadas y difundidas en video.

Casos muy graves se relacionan con violencia sexual: un sacerdote fue encontrado sin vida en el municipio Junín (Táchira) y se presume como autor del hecho a un adolescente (17) quien presuntamente era abusado sexualmente por el religioso desde hacía 3 años. En el mismo estado fueron señalados cuatro adultos y dos adolescentes (15 y 17) de participar en una red de pornografía infantil, mientras que un adolescente (17), aparentemente víctima de abuso sexual y forzado a hacer lo mismo a otras víctimas, fue acusado, junto a un joven de 25 años y líder de una iglesia evangélica, de haber abusado sexualmente de 10 niños y adolescentes entre los 10 y 16 años de edad. En El Junko (Vargas) un adolescente (16), fue detenido al estar implicado en un caso de actos lascivos contra una niña (11). Una adolescente (16) y su madre fueron denunciadas en Santa Teresa del Tuy (Edo. Miranda) por presuntamente causarle lesiones a un niño en sus partes íntimas.

Hay adolescentes que se ven asociados a grupos criminales y actúan como victimarios. Es el caso de un joven (17), presunto responsable del homicidio de un agricultor (83) en Vargas. Otro joven (14) aparece implicado en el asesinato de una mujer en La Cañada de Urdaneta (Zulia); en Ciudad Ojeda, también de ese estado, fueron aprehendidos cinco adultos y dos jóvenes (14 y 16) por robo a mano armada y porte ilícito de arma de fuego. Un adulto y una adolescente (17) fueron denunciados por robo a mano armada en una unidad de transporte público (Carabobo).

Se identifican detenciones conjuntas de adultos con adolescentesen delitos endosables al deterioro y ausencia de condiciones para acceder a bienes esenciales: en el Zulia se detuvo a un adulto y adolescente (17) por aprovechamiento y beneficio de ganado ajeno y a dos hombres y un adolescente en flagrancia por extracción ilícita de cerca de 75 litros de combustible en una estación de servicio en la ciudad de Maracaibo.

En Mérida trascendió el caso de una niña (9) reportada como desaparecida que luego aparecería muerta mostrando signos de violación y maltrato; se determinó como autor del hecho a un adolescente que vivía solo.

En febrero se reportó la detención de 4 adolescentes por ser responsables de agresiones a compañeros de colegio al sumarse al reto “rompe cráneos”, juego violento que se hizo viral en plataformas digitales.

Excesos, atropellos y cuarentena

En clara contravención a lo previsto en la LOPNNA (Art. 88, 526, 546 y 550), un adolescente de la etnia pemón permanece bajo custodia policial desde hace cinco meses, aislado, incomunicado de familiares o abogados y sin contar con un traductor de su idioma para el juicio.

Cinco detectives adscritos al Eje de Homicidios de los Valles de Tuy (Miranda), sometieron a trato cruel a un adolescente allí detenido y circularon el video del maltrato por redes sociales. Estos funcionarios fueron apresados y están siendo procesados. En la Costa Oriental del Lago (Zulia) resultó muerto un adolescente (17) abatido en un enfrentamiento, según informó la fuente policial. También en Zulia otro adolescente resultó muerto en operativo del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS). Se conoció la muerte de un adolescente en un centro de detención policial en Maiquetía (Vargas).

Autoridades de algunos Consejos Municipales de Derechos, Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y Alcaldías, han impuesto normativas sobre el libre tránsito contrarias a los principios de la Doctrina de Protección Integral, pues contemplan sanciones penales para conductas no tipificadas como delitos. La vigilancia sanitaria para prevención del COVID-19 ha sido encargada a las policías, que manejan un enfoque punitivo riesgoso a NNA. En el estado Aragua la policía amenazó con detener a un grupo de cerca de 20 adolescentes por incumplimiento de la cuarentena social y en Vargas la policía municipal sancionó con caminata y actividad física a jóvenes y adultos que incumplían la cuarentena. En las imágenes que informan del hecho se observa una actuación que puede calificarse como trato humillante y maltrato a los adolescentes.

Estas acciones contradicen el más reciente pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño que reafirma la importancia de un trato ajustado a la normativa legal, instando a prevenir el arresto de NNA por violar las directrices y directivas del Estado relacionadas con COVID-19 y devolver inmediatamente a su familia a cualquier NNA que sufra detención en esta situación.

Sistema en deuda

La adolescencia siempre ha sido asociada a irresponsabilidad e inconsciencia, pero muchos adolescentes y jóvenes del país nos regalan testimonios de compromiso y apoyo a sus familias, a pesar de padecer graves privaciones y la pérdida de sus derechos más básicos a la salud, educación, a servicios públicos confiables y a oportunidades de deporte, cultura y sano esparcimiento.

Es una evidente minoría la de quienes se identifican con la violencia o cometen delitos desde antes de cumplir 18 años. Urge, relevar la injusticia de imponer tratos discriminatorios, vejatorios y punitivos o acciones represivas y persecutorias a quienes, solo por ser jóvenes se les estigmatiza. Ciertamente, los adolescentes en conflicto con la ley penal deben asumir las consecuencias de sus actos contra terceros y contra la sociedad, pero, para que ello ocurra dentro del marco legal y sobre la base de la Convención Sobre los Derechos del Niño, se necesita que dentro del Sistema de Responsabilidad Penal actúen de conformidad con la ley, atendiendo los procedimientos especializados que correspondan y resolviendo la deuda pendiente respecto a la elaboración y aplicación de una política general de justicia para NNA, con énfasis en la atención de factores de riesgo y con un enfoque preventivo que vaya a las causas del problema para minimizar el impacto perverso de sus consecuencias.

Reportaje elaborado por la Red de derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes
Edición y producción a cargo de Caleidoscopio Humano
Gracias al apoyo de Tejiendo Redes de infancia, con el apoyo de la Unión Europea para América Latina