Sube el costo y sube el riesgo. En 2014, el pasaporte dejó de ser gratuito para los niños, niñas y adolescente del país. Ese mismo año, inició el incremento en la migración venezolana. Diferentes especialistas en movimientos migratorios indican que la población se expone a los riesgos de movilizarse fuera del país sin los documentos necesarios: trata de personas, trabajo forzado, explotación sexual, captación por grupos armados y otras formas de esclavitud moderna.

Cinco años después de esta medida gubernamental, el pasaporte venezolano tiene un valor de 14.859.909.78. Incluso se tasa desde la autoridad en una nueva moneda digital (petro). Después de un lustro, incluso se registra movilidad de niños, niñas y adolescentes, sin documentos y sin adultos.

«Si hacemos la relación con países de Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, una persona con su salario mínimo puede costear 10 pasaportes. Aquí necesitas 58 para pagar un pasaporte. Imagínate lo difícil que es acceder a éste derecho para una familia de cinco», expuso Angeyeimar Gil, trabajadora social, investigadora y autora del informe Violación del derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescente en 2018.

La especialista, precisó que el contexto migratorio de Venezuela eleva el riesgo por no poder acceder al derecho a la identidad. En el programa online #CecodapLive, Gil explicó que el alto costo del pasaporte lo que genera es un obstáculo más para las familias. «Para el venezolano se le hace muy difícil generar las condiciones para irse con sus papeles legales, y se les obliga a irse sin documentos», dijo.

La trabajadora social, quien además es docente en la Universidad Central de Venezuela (UCV), expuso que en el país el derecho a la identidad está vulnerado, no solo por el valor del pasaporte.

«En la investigación, todo lo que tiene que ver con identidad está vulnerado. Aunque el trámite sea gratuito (partida de nacimiento, cedulación) el proceso es tan engorroso que se convierte en un problema, que las familias resuelven con un gasto importante», apuntó.

Recurso sin respuesta

Cinco años en silencio tiene el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En 2015, Cecodap pidió una revisión de las consecuencias que traería la ejecución del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Timbre Fiscal (Gaceta Oficial 6.150 del 18 de noviembre de 2014).

Fue la publicación de ese documento legal la que echó por el piso los 14 años de avance en materia de protección de los derechos de la infancia. Allí se suprimió la exención para los niños, niñas y adolescentes, que se había ganado con la publicación de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.

«Cecodap introduce ese recurso planteando que había una contradicción entre las normas, porque esa nueva ley estaba retrocediendo los avances en identidad y gratuidad. No hubo respuesta, hasta la fecha y la situación ha empeorado. En ese momento quizás había la posibilidad de pagar el pasaporte, pero ahora se hace impagable», manifestó, Gil.

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