Cada semana es común escuchar, ver o leer al abogado Carlos Trapani en algún medio de comunicación. Las denuncias de las constantes vulneraciones a las que están sometidos los niños y adolescentes en el país le imponen esa agenda informativa. Su labor de denuncia ante instancias internacionales de la situación de los pacientes del hospital de niños J.M. de los Ríos ha sido fundamental para los padres, así como su trabajo de campo para constatar en el terreno las condiciones de los niños migrantes venezolanos. Trapani es el coordinador de Cecodap, organización dedicada a la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a la formación familiar y escolar para la prevención de la violencia y la promoción del buen trato

Por: Crisis en Venezuela

―¿Qué reflexión tiene de las dimensiones que ha tomado la migración de familias que viajan con niños?

Venezuela no era un país de emigrantes, todo lo contrario. Históricamente había sido un país receptor de migrantes. En los últimos años este fenómeno de la migración ha ido en incremento y ha tenido bastantes mutaciones: primero emigró una clase profesional, especializada, luego gente de clase media. Ahora está migrando cualquier persona que puede. Migrar es un derecho, pero hemos dicho que en el contexto que estamos en Venezuela la migración es forzada. Y al colocarle el apellido de forzada tiene dos connotaciones: primero, que la migración obedece a una violación, sistemática y de larga data, de violaciones de derechos humanos. Hay un deterioro acelerado en la calidad de vida de los ciudadanos que consideran la migración como una estrategia de supervivencia. Por eso hay mamás que se van solas, papás que se van solos, padres que se van y dejan a sus hijos. Entonces, la migración no distingue clase social, cualquier ciudadano que vea la posibilidad, alguna esperanza de tener un presente mejor en otro país asume el riesgo. Y al decir que es forzada además implica la obligación de protección del país receptor.

Colombia, Perú, Ecuador, el país donde llegue un venezolano está en la obligación de proteger lo que implica la no devolución, la no criminalización del hecho migratorio, la no separación familiar, la no imputación por el hecho migratorio y, en el tema de los niños, amparar todas las garantías del derecho de los niños más el derecho del migrante.

―¿Y cree que los Estados receptores han cumplido esas obligaciones?

Creo que el problema de la migración venezolana ha tenido tanta visibilidad porque dejó de ser un problema de Venezuela para ser un problema de la región. Y creo que la migración venezolana ha sobrepasado la capacidad instalada de los Estados receptores. Ya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que Colombia no tiene capacidad de respuesta. No porque no quieran o no tengan experticia, sino porque la demanda es tal que no se dan abasto con los recursos ordinarios que ellos disponen.

―Y de allí el endurecimiento de las medidas…

Sí, claro. Cada Estado está en la obligación de proteger a sus nacionales. Toman medidas más restrictivas en términos de visado, del trato. También hay un trato xenofóbico, discriminatorio, creo que no se logra comprender la complejidad de la crisis de Venezuela. Todavía hay gente que duda que la gente aquí come de la basura. Todos esos factores hacen que el migrante venezolano tenga circunstancias bien adversas.

―Reconociendo entonces que los Estados sobrepasaron sus capacidades, ¿cuáles serían las medidas que deberían tomar para proteger a los niños migrantes?

Primero entender que la migración es forzada. Los niños no viajan por placer o por turismo, se van por un deterioro de sus condiciones de vida. Consigues a niños migrantes con baja talla, bajo peso, incumplimiento en el esquema de inmunizaciones, desescolarizados, sin documentos de identificación… Entender que en Venezuela hay condiciones muy particulares que hacen que la migración sea una opción.

―Pero teniendo en cuenta que los Estados también tienen que proteger a sus connacionales y sobrepasaron sus capacidades..

Sí, con políticas públicas pero desde una perspectiva de Derecho. La protección de los connacionales no puede estar por encima de la condición de los migrante o de los refugiados, según sea el caso. En el tema de los niños decimos que debe haber una complementariedad entre derechos de migrantes y derechos de la niñez. Porque el niño migrante es especialmente vulnerable. Si para el niño en su país es difícil ejercer su ciudadanía más aún para un niño migrante. Allí llamamos a mecanismos de protección en todo el tránsito migratorio: en el origen, en el tránsito y en el destino. Y tratar de asegurar la reunificación familiar, eso implica fortalecer mucho más la capacidad de los Estados de promoción de prevención, atención e intervención. ¿Y eso de qué va de la mano? De inversión, recursos. No hay derechos sin presupuesto. Eso implica programas y servicios, espacios de participación de la sociedad civil, de participación de la propios niños y niñas, y el fortalecimiento de la institucionalidad y mecanismos de coordinación entre Estados. Porque muchas veces son Estados de tránsito y tienen cualquier cantidad de situaciones. Hay que facilitar el apoyo que pueda dar la sociedad civil organizada que está especializada en estos temas. El tema es tan complejo que solos no podemos, el Estado solo no puede.

―¿Cuáles son los mayores riesgos que a los que se ven sometidos en la práctica nuestros niños migrantes?

Hay distintas tipologías de niños migrantes: hay niñez migrante acompañada, que va con papá, mamá o uno de ellos; hay niñez no acompañada, los que se van solos, o niñez dejada atrás, estos son los niños que se quedan en el país receptor pero pierden el cuidado parental producto de la migración de uno o ambos padres. ¿Cuál ha sido la constante en niñez no acompañada y niñez acompañada?: las rutas clandestinas. Estuvimos en La Guajira y en Arauca y es impresionante la cantidad de trochas, los pasos informales que hay, es donde ese niño, ese adulto, esa familia están expuestos a extorsión. Cobran entre 5.000 y 20.000 pesos por permitir el paso. En esos caminos hay extorsión, violencia sexual, trata, abuso, explotación, mendicidad, todas son formas de esclavitud moderna. Y en el caso de la niñez dejada atrás está el duelo migratorio, niños que pierden el contacto directo con papá o mamá porque decidieron irse.

―¿Los campamentos en Colombia y Brasil funcionan de manera idónea para los niños?

Estuve en asentamientos en Arauca y en la Guajira y hay situaciones muy complejas: hacinamiento, insalubridad, falta de servicios públicos. Allí hay personas que viven en condiciones muy adversas. Entonces, tú te preguntarás:

¿por qué una persona que tiene su casa en Venezuela decide irse y estar en un asentamiento en condiciones mucho más complejas que las que dejó en su país? Por la certeza de poder comer.

 

En la Guajira si te dedicas al reciclaje, por ejemplo, con esos ingresos puedes comprar alimentos para tu familia, puedes cubrir lo básico para ti y para tu familia. En Venezuela no tienes certeza. No tienes certidumbre de que con tu trabajo puedes cubrir tus necesidades básicas, por eso es que la gente considera la migración como una opción.

Otro riesgo: la guerrilla, los grupos armados irregulares. El venezolano migrante no distingue entre guerrilla o no guerrilla. Si están desesperados, por ejemplo en el Foro Libertador, en el malecón en Maicao, y llega alguien y se les acerca y ofrece techo, trabajo, comida… Obviamente en la desesperación aceptarán el apoyo.

―¿A cambio de qué?

A una vinculación o un uso de cualquier tipo en un grupo armado: trabajo doméstico, trabajo sexual, celadores, custodios… Y hay un mundo oculto que no estamos al tanto de saber qué pasa. No tenemos denuncias porque hacer una denuncia es muy complejo, pero es un secreto a voces en las comunidades que en el Foro Libertador hay un control de guerrillas.

―¿En esos asentamientos los niños aún reciben alimentos y atención médica y escolaridad?

Muchas ONG hacen que haya espacios amigables para los niños, espacios temporales de aprendizaje, de adaptación pedagógica, lúdica, del niño migrante. Hay una cosa que parece tonta pero que es muy significativa: los niños en esos espacios temporales piden uniforme escolar, en las zonas fronterizas usar uniforme es una forma de pertenencia a algo. El niño migrante lo que busca es un uniforme para sentirse parte de una comunidad en esas circunstancias durísimas.

―En el tema migratorio también se suma algo que usted ha denunciado últimamente: los permisos que emite el Saren para los viajes de los niños migrantes…

Es una circular que intenta poner orden, estoy de acuerdo con esa circular, el problema es en qué país la pretender aplicar y en qué condiciones, porque las notarías permitieron por muchos años que los padres dieran poderes entre padres, o a terceras personas, para representación, administración de los bienes de los niños y disposición en relación a los derechos del niño, y eso se fue cediendo por poderes, aunque está prohibido en la ley porque los niños no son carros que se traspasan, las facultades parentales son indelegables. Entonces ¿qué permitían las notarías? Hacer poderes para cualquier cosa, incluyendo viajes para pedir un permiso para viajar con el niño a cualquier país y en cualquier momento, ¿y eso a qué da pie?, al tráfico, a la sustracción, a la retención. Entonces ¿qué hace la resolución? Poner orden. Tiene dos prohibiciones: la primera es que no se puede usar un poder para tramitar permisos de viaje porque se entiende que la autorización de viaje es expresa: a dónde va, cuándo se va, cuándo regresa, quién lo acompaña, cuál es el medio de transporte. No puedo dar un poder para que el niño viaje en cualquier circunstancia porque eso te da pie a otras situaciones que comprometen la integridad del chamo. Y la otra prohibición es que no se puede dar poder para ceder las facultades de la patria potestad porque estarías traspasando a un niño por un instrumento privado. Esas fueron las prohibiciones, ¿cuál es el problema? Primero que se emitió en vacaciones escolares; segundo, en vacaciones judiciales; tercero que no hubo un proceso de información y de sensibilización a la sociedad, y por lo que entiendo tampoco hubo un proceso de capacitación nacional para los notarios y organismos del Sistema de Protección. Otra cosa tampoco ha aclarado qué pasa con aquellos poderes que ya fueron otorgados.

J.M. de los Ríos: la prolongada inacción de Estado

―Hablemos del caso del J.M de los Ríos. La CIDH otorga ha ampliado las medidas cautelares para el hospital de niños pero no hay respuesta del Estado y los niños siguen muriendo

Las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las impulsamos Prepara Familia, Cecodap y un grupo de madres, inicialmente por lo que ocurría en el servicio de nefrología, que era el que estaba con mayor documentación. En octubre del año pasado pedimos la extensión a 13 servicios, ya son 14 los que tienen medidas cautelares. Pero lo he dicho, la medida cautelar no es la solución definitiva a los problemas de los niños. Con eso no necesariamente van a llegar más medicamentos al hospital, yo no puedo agarrar la medida cautelar y pasársela por la vena a un niño. Ahí estoy clarísimo, no es la solución definitiva, pero es un paso más en la solución del problema. Lo que buscamos con las medidas cautelares, además de exigir al Estado el cumplimiento, es construir una memoria social y que lo que ocurre en el hospital no se olvide y que deje un precedente importante en torno a las condiciones en que están siendo atendidos los niños hoy en día y cómo año a año es peor con una incapacidad total de dar respuesta. Ese hospital no tiene tomógrafo, ni resonador, ni acelerador lineal, ni rayos X, no tiene tomas de oxígeno… Es mayor la lista de las carencias que de lo que tiene.

Nosotros tenemos propuestas concretas, por ejemplo, que se elabore un plan especial de apoyo al hospital que incluya infraestructura, medicamentos, insumos, equipos y personal. Nada se hace con pintar un servicio cuando no hay antibióticos, nada se hace con dar antibióticos si no hay rayos X ni una ambulancia. Hay que ver el hospital en su conjunto y eso requiere un plan con una perspectiva de Derecho, que tenga objetivos, resultados, actividades, indicadores, responsables, mecanismos, de control, mecanismos de evaluación que permitan dar una respuesta efectiva.

―Pero la “memoria social” que menciona se refiere a lo que ha sucedido, y ¿qué pasa con los niños que están actualmente hospitalizados allí?

Nuestro rol como sociedad civil y como organización es documentar, difundir y denunciar. Eso es lo que nos toca hacer. No nos corresponde mandar antibióticos ni comprar insumos. Hay organizaciones de derechos humanos que han dado un corte de asistencia, eso es muy valioso, ayuda a paliar el sufrimiento, pero nosotros asumimos que no somos asistencia. Nuestro rol, nuestra experticia es otra. La memoria social no evita muertes, pero sí evita que se queden en el olvido. Y cuando recuperemos la institucionalidad, cuando haya un Estado en condiciones normales podremos pedir justicia. Porque ha habido casos, extremadamente dolorosos, en los que las muertes se pudieron evitar. Aún no sabemos a ciencia cierta cuál es el brote infeccioso en el servicio de nefrología que ha cobrado la vida de niños. La memoria social es fundamental, en las peores dictaduras la memoria social fue fundamental para pedir justicia y reparación, y lo que estamos buscando en esos casos es que esto no se olvide.

―¿Ha habido un acercamiento con el Ministerio de Salud por ese caso?

Hemos tenido con el Estado reuniones de trabajo en la CIDH, reuniones privadas en las que tratamos de ver los avances. Hemos hecho tres: República Dominicana, Boulder (EE UU) y Bolivia. Y próximamente tenemos otra en Estados Unidos.

―¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado en esas reuniones?

El Estado insiste en que la situación es producto de las sanciones de Estados Unidos, ese es el argumento, sobre todo en la última reunión del grupo de trabajo. Si me preguntas sobre las perspectivas históricas, el problema de los niños tiene una fecha de quiebre en 2007 cuando se reformó la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA). Esa fue una fecha de de quiebre de la institucionalidad al condenar la descentralización, al desprofesionalizar el sistema, eliminar programas, servicios de apoyo y allí empezó la catástrofe en materia de niños.

En el J.M, desde el año 2000 se denunció la falla en la atención de niños con cardiopatías congénitas; en 2002 y 2003 niños con leucemia y fibrosis quística, y así, año tras año. Es una historia antigua de denuncias, de quejas, y supongamos que las sanciones tienen un impacto, que evidentemente lo tiene, aun así es responsabilidad del Estado garantizar medidas antes y después de las sanciones porque los niños no pidieron enfermarse, no están allí porque quieren.

―¿Como defensor, qué siente cuando el Estado recurrentemente responde de esa manera?

Hay dos sentimientos: uno me da mucho orgullo y satisfacción que una instancia internacional independiente te da la razón y comparte el criterio de que los niños y adolescentes están en riesgo. Que no estoy mintiendo, porque en Venezuela las instancias tratan tan mal que llega un momento en que uno duda de si el equivocado es uno. El otro sentimiento es que lejos de desmovilizarnos nos sentimos mucho más pertinentes que antes. Muchas veces uno se desanima, te quita el aliento porque ¿sabes qué es difícil? Mantener el interés en la gente en que es importante denunciar, pues se preguntan qué sentido tiene denunciar cuando no te dan respuesta de nada. Y eso es durísimo y eso atenta contra la posibilidad de buscar la verdad e incrementa la impunidad y el silencio.

―¿Los padres pierden el interés de denunciar?

Las madres del J.M. de los Ríos son muy combativas, muy decididas, saben que sus hijos murieron, siguen ahí aportando lo que pueden, cada quien desde su espacio. Por ejemplo, el 20 de agosto murió Andrés Fernández, al siguiente día otorgaron las medida cautelares. Andrés fue un niño peticionario. A la semana siguiente hicimos una rueda de prensa y la mamá de Andrés estuvo ahí con el duelo aún a flor de piel denunciando lo que vivió.

Este es un Estado indolente, indiferente, que combina la incapacidad con la indolencia y la indiferencia.

Yo tenía la expectativa de que al ser niños habría un punto de consenso y que el tema de infancia era un vaso comunicante entre sectores polarizados, pero no ha habido forma ni manera. Y siempre he dicho, hay que despersonalizar la denuncia, porque no estamos haciendo denuncias contra la persona del ministro o de un funcionario, lo que estamos demandando es la función pública.

¿Sientes que el Estado ha politizado el tema del hospital de niños?

Sí, claro, totalmente. Al afirmar que es el bloqueo, que ellos quieren resolver pero que las cuentas están bloqueadas, que no son ellos los responsables, pero ¿desde cuándo no hay un resonador, desde cuándo no hay rayos X? ¿Cuándo fue la última reunión del Comité de Compras del hospital?

 

Reinventarse e innovar

―¿Cómo ha sido su experiencia en Cecodap?

Cecocap tiene 35 años, yo tengo 16 años de labores. Ha sido un libro abierto de experiencias, una organización que te invita a pensar, a cuestionarte sobre cuál es tu rol como ciudadano, como papá, como hijo. He aprendido muchísimo, me ha permitido reencontrarme con mi profesión y darle un sentido distinto. Conocer a madres, tener experiencias con niños, adolescentes y profesionales, darme cuenta que en Venezuela aún hay un potencial enorme para salir adelante. Pero nunca imaginé asumir la coordinación de una organización con tanta historia, que logró en el pasado cosas tan importantes de incidencia con el Estado, en circunstancias tan difíciles, ha sido un reto de reinventarse, innovar en derechos del niño.

―¿Han cambiado las cosas en estos 16 años?

La situación era muy distinta, había problemas de medicamentos, de insumos, había dificultades de tratamiento, pero se daba atención, si comparo los problemas están elevados a la N potencia, hay problemas mucho más difíciles mucho más crudos. Además, ahora no hay respuesta institucional, lo que incrementa la vulnerabilidad. Antes no se criminalizaba a las organizaciones de derechos humanos, ahora hay una amenaza real, un estigma. Hemos aprendido muchas cosas sobre la marcha, el ejercicio de los derechos humanos, el tema de la migración, y otros, nadie estaba preparado para esto, pero eso ha hecho surgir una actitud resiliente, a pesar de las adversidades seguimos saliendo fortalecidos. Nos hemos ido capacitando progresivamente para tener capacidad de respuesta. La emergencia nos ha permitido fortalecer alianzas

―¿Tiene esperanzas de que en algún momento la situación de los niños venezolanos cambie?

Todo pasa, todo se transforma. No voy a ver el país que vi de niño, tal vez lo verán mis hijos y por eso hacemos un esfuerzo enorme. Hacemos lo mejor que podemos en el tiempo que podemos.