El caso de Rufo Chacón, el joven de 16 años que quedó ciego y con el rostro desfigurado por perdigones disparados por funcionarios de la Policía del Estado Táchira, no es un hecho aislado, advirtió la Redhnna
Reporte Proiuris

Los registros de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) indican que 39 menores de edad han sido asesinados en el contexto de protestas antigubernamentales desde 2015, lo cual le permite afirmar que el caso de Rufo Chacón no es un hecho aislado.

A través de un comunicado la Redhnna manifestó su repudio a la agresión sufrida por el joven de 16 años de edad, que quedó ciego y con el rostro desfigurado por disparos de perdigones efectuados por funcionarios de la Policía del Estado Táchira, que arremetieron contra una protesta por falta de gas doméstico en la localidad de Táriba.

“Con preocupación, la REDHNNA observa que una actuación violenta y desmedida, por parte de las fuerzas policiales y militares del país, dirigida a reprimir las manifestaciones pacíficas, se ha ido instalando de forma sistematizada en estos cuerpos de seguridad del Estado. Las armas que les han sido entregadas a dichos funcionarios no pueden seguir siendo utilizadas para intimidar, causar daños, someter o ejecutar a personas”, se lee en el documento.

Y abundan en argumentos: “El Director de la Policía de Táchira ha afirmado que este caso se trata de un hecho aislado, al parecer refiriendo que es un caso particular de actuación irregular de determinados individuos. No obstante,  las denuncias y casos conocidos por organizaciones de derechos humanos y distintos medios de comunicación dejan en evidencia las constantes prácticas y actuaciones contrarias a la ley que califican como actuaciones extrajudiciales, uso arbitrario y discrecional de la fuerza y, claramente, violaciones de derechos humanos. Por esto, es importante señalar que cuando los hechos denunciados son tan recurrentes y su magnitud cada vez es mayor, no puede ser considerado ningún hecho de este tipo, como situaciones aisladas”.

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La Redhnna recordó que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a  la manifestación pacífica, en los términos consagrados en los tratados internacionales y la Constitución, y que corresponde al Estado garantizar su vida y su integridad personal.

La coalición de ong dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia destacaron que en el caso de Rufo Chacón se verificó  que los agresores violaron las  normativas de actuación policial sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza: “Incumplieron su deber prioritario de persuadir de manera no violenta a los manifestantes y de extremar las precauciones cuando la actuación policial está dirigida a niños, niñas y adolescentes”.

“Es propicio recordar que en situaciones como estas, la obligación del funcionario es proteger a la población civil, garantizar el ejercicio de sus libertades y proteger a la población vulnerable para que pueda ejercer sus derechos a la libertad de expresión, protestar y acudir a las autoridades para exponer sus reclamos. Protestar pacíficamente para exigir derechos no constituye delito, y los cuerpos policiales no tienen potestad para reprimir, sancionar o castigar a los ciudadanos por ejercer su derecho a la libre manifestación de sus peticiones y demandas”, se insiste en el comunicado.

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Suscriben el pronunciamiento 11 ong:  Asociación Muchachos de la Calle, Cátedra de la Paz de la Universidad de Los Andes, Cecodap, Cendif- Unimet, Fundación Luz y Vida,  Geografía Viva, Hogar Virgen de los Dolores, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UCAB, Prepara Familia, Proadopción y Red de Casas Don Bosco.

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